El exconseller de Territorialidad de la Generalitat Josep Rull ha acusado al Tribunal Constitucional de carecer de "legitimidad moral" en su declaración este miércoles como acusado en el juicio a los líderes del procés. Así ha justificado las decisiones que adoptó el Ejecutivo catalán que acabó convocando el referéndum del 1-O en 2017 a pesar de las advertencias de los tribunales que les avisaban de su ilegalidad.
Ante las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha apelado en varias ocasiones al "contexto" de aquellos días. Lo que se planteaban era si era más importante el imperio de la Ley o el mandato democrático y, en ese sentido, la conclusión a la que llegaron es que el Tribunal Constitucional era "sistemáticamente instrumentalizado por el Estado". "Esto también debe ser puesto en valor para actuar de determinada manera", se ha justificado Rull al ser preguntado por las seis veces en las que se le notificaron las advertencias de ilegalidad del proceso que estaban emprendiendo.
Pero el dirigente independentista ha insistido en que "hay una utilización sistemática por parte del Estado y del Tribunal Constitucional, que se ha dejado utilizar". Con estos argumentos ha defendido la convocatoria del referéndum, algo que, según ha dicho, le honra. "Se daba a la gente el instrumento de manifestar su voluntad. Era una ley perfectamente legal emanada de un Parlamento legítimo", ha reiterado.
En sus explicaciones, Rull ha dicho que en esa ponderación entre el imperio de la ley y el mandato democrático, tuvieron en cuenta la experiencia del Tribunal Constitucional de Canadá en relación a los procesos soberanistas del Quebec. Este razonamiento provocó la reacción de la fiscal, quien le preguntó por qué tuvieron más en cuenta el ordenamiento jurídico canadiense que el español.
El catalán no es una amenaza
El dirigente independentista ha comenzado su intervención denunciando no haber podido declarar con traducción simultánea -denegada por el tribunal-. "Aún se ve la lengua catalana, la décima lengua más hablada de Europa, como un problema. Ojalá se viera como una riqueza para ser compartida", ha dicho al tribunal presidido por Manuel Marchena, quien le ha replicado que para él no supone ninguna amenaza.
Como el resto de los acusados por parte del PdeCat, también ha aceptado contestar a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado no así las de Vox, que ejerce la acusación popular. En su caso además lo ha argumentado y ha dicho que no les responde por respeto a todas las personas que en este país sufren la homofobia y la xenofobia".
Josep Rull fue consejero de Territorialidad y Sostenibilidad en el Gobierno de Carles Puigdemont. La Fiscalía pide para él 16 años por un delito de malversación, la Abogacía del Estado solicita 11 años por sedición y malversación mientras que la acusación popular de Vox interesa para él hasta 74 años por organización criminal, rebelión y malversación. "De mi Departamento no se gastó ni un euros para financiar el referéndum", ha dicho Rull.
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