Nuevas contradicciones del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa. Dice que las empresas que se contrataron pasaban un filtro previo de "solvencia", en el que se analizaba la situación financiera y el historial de las compañías. Pero al mismo tiempo, Illa afirma en la Comisión de Investigación en el Senado sobre la compra de material sanitario que "no sabía nada" sobre FSC Select Products, la empresa fabricante de artículos de marketing de bebidas alcohólicos a la que pagó 260 millones de euros para traer mascarillas.
"Ni sabía de esta empresa, ni quienes eran, ni si tenían naves industriales", afirma. No sabía nada, pero pagó semejante cantidad en lo peor de la pandemia de covid. Las mascarillas adquiridas a esta empresa llegaron con "retraso", como ha admitido el ministro en sede parlamentaria.
Illa se lava las manos y afirma que FSC Select Producst fue "elegida por la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia", organismo que dirigía Patricia Lacruz, fichada en su día por la exministra Carmen Montón.
Illa desconocía que los dueños estaban condenados por estafa
El Ministerio de Sanidad confió en FSC Select Products la adquisición de 508 millones de mascarillas. Se le pagó por adelantado 260 millones de euros y la logística la puso Inditex. El exministro asegura que no sabía nada sobre los antecedentes penales de los dueños de esta empresa: "Ni he visto a los dueños de la empresa ni teníamos la información de que estaban condenados por estafa ni podíamos tenerla".
Illa se refiere a los antecedentes de su proveedor de confianza. La administradora de la empresa, Mayra Dagá, fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada en una trama dedicada a vaciar los activos de empresas en dificultades. La empresaria aceptó diez meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil. Según Illa, era imposible que esto lo conociera el Ministerio de Sanidad.
Sus antecedentes económicos tampoco animaban a la confianza. En los ejercicios anteriores a la pandemia declaró no tener trabajadores. El importe de la cifra de negocio de esta empresa fue de menos de un millón de euros en 2018, cuando tuvo un beneficio de 69.000 euros. En cambio, las adjudicaciones del Ministerio tenían un valor 275 veces superior al de su facturación y 84.500 veces por encima del capital social de la empresa (3.100 euros).
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