Las autonomías están con la mosca detrás de la oreja; temen un acuerdo con Cataluña por la puerta de atrás para reducir su abultada deuda y el anuncio que hizo este martes Pedro Sánchez en el Senado, renunciando a conseguir en esta legislatura un nuevo sistema de financiación para todos, no ha contribuido a disipar esos temores, según diversas fuentes consultadas por Vozpópuli.
Saben que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a pedir otros 17.800 millones al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) este año y el que viene, y, sobre todo, que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, está presionando al presidente del Gobierno para que haga algún tipo de quita a la enorme deuda catalana (70.000 millones).
De momento, tras el anuncio la Ley Orgánica 22/2009 que regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de régimen común -todas excepto País Vasco y Navarra- lleva cinco años prorrogada y lo va a estar dos años más; lo que queda de legislatura si nos atenemos al deseo expresado por el presidente del Gobierno en TVE, de convocar elecciones generales en 2020.
"No hay tiempo material", se justificó este martes Sánchez al anunciar que su gobierno renuncia a poner de acuerdo a las 17 autonomías, como pretendía el de Mariano Rajoy. De hecho, el equipo de Cristóbal Montoro había recibido ya las aportaciones de las consejerías de Hacienda al denominado informe de los expertos y estaba a la espera de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La moción de censura rompió esa hoja de ruta y ahora el nuevo Ejecutivo socialista nacido de una moción de censura con una mayoría precaria pretende escribir otra. Desde algún gobierno popular consultado por este periódico se hace el siguiente diagnóstico: "Sánchez no se atreve a abrir el melón porque ve imposible poner de acuerdo a todos y, sobre todo, porque sabe que el PP y Ciudadanos harían bandera de la desigualdad territorial para desgastarle".
La ministra sondeará a los consejeros de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal (CPFF) que citará para aprobar el techo de gasto en el Presupuesto 2019
La intención del jefe del Ejecutivo, confirman diversas fuentes gubernamentales a Vozpópuli, es buscar "acuerdos bilaterales" con cada autonomía. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comprobará en la reunión del CPFF que convocará en próximos días -exclusivamente para elaborar el techo de gasto en los Presupuestos 2019- cual es la acogida de los consejeros de Hacienda a esta propuesta.
Pero, a tenor de la presión que hicieron en su día tanto Susana Díaz como los presidentes de Asturias, Javier Fernández; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para que el Ejecutivo de Rajoy no demorara la negociación porque no hubiera todavía gobierno en Cataluña, es de prever que habrá conflicto en los próximos meses.
Pedro Sánchez podrá comprobarlo de primera mano durante la ronda que va a mantener con los mandatarios autonómicos a partir de este mes de julio y que comenzará con el lehendakari, Íñigo Urkullu, y seguirá con el de la Generalitat, Quim Torra, y la andaluza, Susana Díaz. Así, hasta los 17 presidentes.
Sánchez garantiza que habrá mejora "en todas" las comunidades, pero muchas temen que la renuncia a un acuerdo global esconda un pacto bilateral con Cataluña
Porque, según fuentes de varios ejecutivos regionales, por más que el jefe del Gobierno haya garantizado este martes en el Senado inversiones y mejoras económicas "a todas y cada" una de las comunidades, "no vamos a aceptar un diálogo bilateral" que esconda algún tipo de privilegio "ni a Cataluña ni a nadie".
Como llevan varios meses exponiendo temen esos privilegios. En un encuentro que mantuvieron el pasado diciembre los populares Núñez Feijóo, y Herrera, y el asturiano, Fernández, los tres lo dejaron claro. En palabras del presidente castellano-leonés, lo sucedido en Cataluña «no puede hacer que llegue con ventaja al pacto para la reforma de la financiación autonómica».
Núñez Feijóo resumió en aquella cita, asentido por los otros dos presidentes regionales: «No hay que repartir entre 17 territorios, sino entre 48 millones de españoles. Con equidad y lealtad».
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