Política

Sánchez intentará calmar a Apple, Google y Amazon ante el inminente impuesto digital

El presidente del Gobierno acepta reunirse mañana en Davos (Suiza) con los máximos dirigentes de las principales compañías tecnológicas para exponerles la llamada 'tasa Google'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado reunirse a solas en Davos (Suiza) con los máximos dirigentes de Apple, Amazon y Google para explicarles el alcance que tendrá el nuevo impuesto digital que el Ejecutivo de coalición pretende aprobar en breve para su tramitación parlamentaria.

Fuentes gubernamentales indicaron que Sánchez tendrá un encuentro mañana miércoles con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el presidente de Amazon World Service, Andrew Jassy; y máximo responsable de Google para Europa, África y Oriente Medio, Matt Brittin, en los márgenes del foro económico mundial que empieza esta tarde en la citada localidad suiza.

El jefe del Ejecutivo también tendrá una reunión con una quincena de presidentes de fondos y bancos de inversión, aseguradoras y empresas internacionales como el presidente de Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal, y la consejera delegada interina de Renault Nissan, Clotilde Delbos, en un contexto de revisiones a la baja del crecimiento económico para 2020, pero su encuentro con las grandes tecnológicas es el plato fuerte de la jornada.

Calviño y Ribera, también en Davos

Apple, Amazon y Google forman junto a Facebook el llamado GAFA al que se quiere gravar con un impuesto digital y solicitaron a la Moncloa dicha reunión en Davos. El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos ha pactado que entre sus primeras medidas esté la 'tasa Google', de ahí el interés de estas compañías por saber las verdaderas intenciones de Sánchez. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, le acompañará en dicha reunión al ser la responsable de la transición digital. También estará presente en Davos la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Ribera.

España es el único país de la UE, junto a Francia, que apuesta abiertamente por este nuevo impuesto. En el país vecino, la decisión del Ejecutivo de Emmanuel Macron ha conllevado la amenaza de aranceles al vino y otros productos franceses por parte de la Administración Trump. Precisamente, Washington y París se han dado de plazo hasta el foro de Davos para ultimar los detalles de un pacto que se está negociando en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París.

El Ejecutivo español desearía un acuerdo a nivel OCDE, pero en el caso de que fracasasen las negociaciones, se uniría al paso dado por Macron en Francia y lo haría de manera rápida. Las citadas grandes compañías tecnológicas temen, por su parte, que el ejemplo hispano-francés desate un "efecto expansión" en otros países de nuestro entorno.

Baile de cifras

Hace un año, las previsiones del Gobierno español estimaban una recaudación de 1.200 millones de euros, mientras la Comisión Europea calcula la recogida de 5.000 millones para toda la UE, tal y como se reflejaba en un informe elaborado por la consultora PwC, Ametic (Asociación de Empresas de Electrónica) y Adigital (Asociación Española de la Economía Digital).

La valoración recaudatoria de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) fue, sin embargo, más contenida respecto al vaticinio del Gobierno. Situó el montante recaudado en una horquilla entre los 546 y los 968 millones de euros anuales. Mientras, la estimación del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) fue aún más conservadora y prevé unas cifras en torno a los 400-500 millones.

No sólo serán gravadas las grandes tecnológicas. Aquellas empresas dedicadas a servicios de publicidad online y de intermediación, o que obtengan beneficio de los datos de los usuarios, tendrán que pasar por caja, siempre que facturen 750 millones de euros a escala global o 3 millones en el ámbito local -país-.

Los principales operadores españolas de telecomunicaciones, Telefónica, Vodafone y Orange apoyan la llamada 'tasa Google' siempre que sea diseñada y aprobada bajo el consenso de la UE o la OCDE, pero sospechan que podría provocar una doble tributación en compañías que ya pagan impuestos en España, como es su caso.

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