El Gobierno de Pedro Sánchez lleva dos meses y medio sin pagar las indemnizaciones que corresponden a los altos cargos del anterior Ejecutivo del PP cesados. Según ha sabido Vozpópuli, hay unos 15 afectados -la mayoría secretarios de Estado, pero también algún ministro- que no están cobrando el llamado sueldo de cesantía. Los ex altos cargos del Gobierno saliente tienen derecho a ingresar un 80% de su salario en la administración en cumplimiento del régimen de incompatibilidades. Este régimen les impide dedicarse a un actividad relacionada con sus funciones durante dos años.
Fuentes del Ministerio de Hacienda, encargado de tramitar las solicitudes, aseguran a este diario que las pensiones de la administración son evaluadas por la Oficina del Conflicto de Intereses. Estas fuentes admiten que por "las fechas de verano en las que estamos puede ser que el proceso vaya más despacio". Sánchez ganó la moción de censura el 1 de junio, pero la mayor parte del Gobierno de Mariano Rajoy cesó el 18 de junio. Ninguna de las personas que solicitó su compensación ha recibido un céntimo desde entonces.
"Para dejar de cobrar siempre es una mala fecha", dice uno de los afectados. "No tenemos derecho a paro, no podemos trabajar en muchos casos, y tenemos que pagar nuestras hipotecas y la Seguridad Social".
Nos están "mareando"
El actual Gobierno debe a estos ex altos cargos del Ejecutivo los días correspondientes de junio y la mensualidad completa de julio. Lo más probable es que tampoco cobren agosto. Algunos de ellos lo están empezando a notar en la economía familiar. Además, denuncian que no es una cuestión del verano, sino que directamente les están mareando.
Según ha sabido Vozpópuli, hay afectados que están recibiendo correos electrónicos del Ministerio de Presidencia, de Carmen Calvo, pidiendo por ejemplo que justifiquen determinada información con los documentos originales de la solicitud. Los originales, sellados con la fecha de entrada, están obviamente en manos de la administración y no de los afectados.
Según la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, el régimen de incompatibilidades prevé una indemnización de cesantía equivalente al 80% del salario durante dos años. A esta figura suelen acogerse aquellos altos cargos de un Gobierno que no son ni funcionarios ni diputados, que bien se reincorporan a sus destinos en la administración, o bien se quedan con el escaño.
Ni funcionarios, ni diputados
El resto tiene derecho a pedir la compensación tras cumplimentar varios documentos y recibir el visto bueno de la Oficina del Conflicto de Intereses de Hacienda. Uno de los casos más comentados después de la moción de censura fue el de Íñigo de la Serna, que no es funcionario, ni diputado. De la Serna tampoco puede trabajar en su propia profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos porque era ministro de Fomento y entra en un posible conflicto de intereses.
En función del sueldo base de ministros y secretarios de Estado, los salarios de indemnización oscilan entre los 55.000 y los 58.000 euros brutos al año. La cantidad puede ser mucho más elevada dependiendo de las variables de cada alto cargo. Es un dinero que está por encima del salario medio en España. Los altos cargos que se acogen a esta figura no tienen derecho a paro. Y deben adherirse a un convenio especial con la Seguridad Social, en el que ellos mismos abonan una cuota mensual superior a los 200 euros.
Si durante estos dos años alguno de los beneficiarios pide incorporarse a un puesto de trabajo, la administración evalúa antes si hay incompatibilidad. Una vez autorizada esa incorporación al mercado laboral, se deja de cobrar el sueldo.
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