PP y Ciudadanos han armado ya su particular batalla legal en el Congreso contra la argucia parlamentaria a la que ha recurrido Pedro Sánchez para reformar la Ley de Estabilidad y eliminar el veto de los populares en el Senado a la senda de déficit; el paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Después de duras reacciones por parte de los dirigentes de ambos partidos, PP y Cs enviaron sendos escritos a la Mesa de la Comisión de Justicia para que no sea aceptada la enmienda que presentó este martes el PSOE en el último minuto al proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial sobre violencia de género actualmente en trámite. Una enmienda que, a ojos de populares y naranjas, no tiene nada que ver con la materia que legisla la Ley.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Isabel Rodríguez (PSOE), ha convocado una reunión de la Mesa para este jueves. Como los socialistas suman mayoría junto a ERC en dicho órgano, la enmienda será casi con toda seguridad aceptada. A los populares y a los de Albert Rivera no les quedará otra que elevar una petición de amparo a la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor y donde los dos partidos de centro-derecha suman mayoría.
A partir de aquí, las versiones difieren dependiendo de quién las narre. Los socialistas defienden que la Mesa de una comisión es plenamente soberana para tomar decisiones y que la Mesa del Congreso no puede revertir su criterio. En cambio, naranjas y populares depositan su confianza en que el órgano que controlan pueda frenar algo que tachan de "estafa democrática inédita" y un "fraude de ley" por parte de los socialistas.
Lo más probable es que Pastor pida un informe a los Letrados de la Cámara para orientar su decisión final. Aunque prueba de que los populares no las tienen todas consigo es que se plantean ya llevar el caso al Tribunal Constitucional; un extremo que puede tardar más de un año en resolver, pero que no conseguiría paralizar el proceso y, por ende, no frenaría la aprobación de la senda de déficit y las cuentas públicas de 2019 para las que Sánchez no tiene amarrados los apoyos. Sobre todo de los independentistas catalanes.
Como el recurso de amparo ante la Mesa que controla Pastor no paraliza los trabajos de la Comisión de Justicia, es probable que la presidenta del órgano pida a los grupos formar de forma urgente la ponencia que debatirá a puerta cerrada el articulado final de la norma que debe recibir el visto bueno del Pleno antes de ir al Senado.
En la Cámara Alta, el Gobierno pedirá que se tramite por la vía de urgencia, acogiéndose al artículo 90.3 de la Constitución. Algo que reduce el plazo de dos meses a veinte días. Y no hay posibilidad de que el PP se oponga a ello. Fuentes parlamentarias explican a Vozpópuli que el TC resolvió que la Mesa del Senado (controlada con mayoría absoluta del PP) "invadió" en 1995 las competencias del Gobierno socialista al rechazar la declaración de urgencia para tramitar una ley del aborto promovida por Felipe González.
Los populares insisten en el hecho "insólito" de que el mismo día que los socialistas presentaron la enmienda, el Pleno aprobó su Proposición de Ley para reformar la Ley de Estabilidad. Fue tomada en consideración aún con los votos en contra del PP, pero tanto naranjas como populares se han negado ya a tramitarla por la vía de urgencia y de lectura única reclamada por el PSOE para acortar los plazos y poder sacar los Presupuestos cuanto antes.
A pesar de todo, los populares están dispuestos a dar su particular batalla legal para dilatar los plazos al máximo mediante otro tipo de recursos. Si finalmente no consiguen alargar el proceso, la reforma de la Ley de Estabilidad podría estar lista en noviembre. Aunque todas las fuentes consultadas creen que vista la complejidad de recursos y contrarrecursos, es aventurado concretar fechas. Sánchez quería llevarlos al Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre.
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