Pedro Sánchez ha iniciado este martes un mandato de futuro incierto, que arranca marcado por la ruptura de los principales consensos de la Transición. El abismo que ahora mismo separa a las fuerzas constitucionalistas, y especialmente a PP y PSOE, se ha traducido en la investidura más bronca que se recuerda en mucho tiempo.
El Gobierno y el PP se acusan recíprocamente de haber enterrado la Constitución del 78. Mientras para el PP, Sánchez está liquidando desde el Estado autonómico hasta la Corona. Fuentes de Moncloa consideran que la derecha ha puesto el sistema democrático a prueba cuestionando, por un lado, una mayoría parlamentaria legítima y tratando de "patrimonializar", por otro, instituciones como la monarquía y la propia idea de España.
Sánchez ha sacado adelante la investidura por la mínima. Era la tercera vez que se presentaba a este trámite. Y ha logrado la confianza de la Cámara en una votación ajustada por 167 votos a favor y 165 en contra. El presidente del Gobierno liderará el primer Ejecutivo de coalición de la historia democrática junto a Podemos. El dirigente morado Pablo Iglesias será su vicepresidente segundo. Y Podemos gestionará otras cuatro carteras.
"Prueba de fuego del sistema"
La colección de reproches, ataques, críticas, vítores al Rey, España o la Guardia Civil que se han escuchado en el Congreso anticipa una legislatura muy difícil en su arranque. La ruptura entre Sánchez y Casado es total. El líder del PP ha acusado a Sánchez de "liquidar el socialismo constitucional". Y en una dura intervención ha reivindicado la Constitución y la figura del jefe del Estado. "Dos bandos no son un país entero, sino un país hecho pedazos", ha dicho.
El Gobierno se ha mostrado extraordinariamente molesto con el PP y el conjunto del centro derecha, incluidos Vox y Ciudadanos. Y han considerado que el sistema ha pasado "una prueba de fuego" con esta investidura. Fuentes de Moncloa han acusado a la oposición de defender un concepto "patrimonialista" de España y de hacer un discurso "hipócrita y destructivo" de instituciones como la Corona.
"La Corona no es suya y España es de todos", han dicho estas fuentes. "Es muy vergonzoso ver a la derecha volver a decir estas sandeces históricas".
Estas fuentes también han restado importancia a los discursos que se han escuchado desde las filas independentistas. Tanto por parte de Bildu o de ERC, cuyas abstenciones han dado la presidencia al candidato socialista. La diputada de ERC Montserrat Bassa, hermana de la exconsejera del Gobierno catalán condenada Dolors Bassa, ha dicho desde la tribuna que le "importa un comino la gobernabilidad de España".
Sin embargo, estas fuentes han recordado que el independentismo no ha cambiado un ápice su discurso desde hace tiempo. "El PSOE entiende que Cataluña es parte indiscutible de España", han dicho. "Se trata de buscar un encaje y una salida para la situación en Cataluña".
Una mayoría inestable
Una de las claves de la presión nacionalista y separatista está en la escasa capacidad de maniobra de Sánchez e Iglesias. Los dos partidos tienen una mayoría minoritaria de 155 diputados que necesitará de al menos otros 21 escaños para sacar adelante iniciativas como los Presupuestos. En la investidura, y a pesar de todas las cesiones a PNV o ERC, Sánchez sólo ha sumado 167 apoyos.
Los primeros pasos del nuevo Gobierno, incluido su composición, se conocerán la semana que viene. El Consejo de Ministros del viernes será el primero del nuevo Ejecutivo.
Moncloa ha rebajado las expectativas de esta primera reunión en cuanto a golpes de efecto legislativos se refiere. Y se diluye la posibilidad de que Sánchez e Iglesias debuten con un paquete de medidas sociales de impacto.
"No pedimos ya los 100 días, pero sí algunas semanas", dicen fuentes del Gobierno, que recuerdan que el Consejo de Ministros se preparara todavía con el equipo de secretarios de Estado en funciones.
El futuro de Torra
Pero la primera patata caliente del nuevo Gobierno será el futuro del presidente de la Generalitat, Quim Torra. La Junta Electoral acordó hacer efectiva su inhabilitación de forma inmediata. Y el caso, inédito, amenaza con estallarle a Sánchez si el Supremo no interviene. Lo mismo ocurre con la condición de Oriol Junqueras como eurodiputado. Y los casos de Carles Puigdemont y Toni Comín.
La resolución de estos contenciosos amenaza la mesa de negociación bilateral Estado-Generalitat que Sánchez y ERC acordaron poner en marcha 15 días después de la formación de Gobierno. No se sabe la composición de esa mesa, si Torra participará o no en ella y quién la liderará por parte del Ejecutivo central. Se supone que será la vicepresidenta Carmen Calvo.
La oposición ha anunciado que estará encima de este diálogo para recurrir al Tribunal Constitucional si es necesario. Uno de los puntos del acuerdo PSOE-ERC es la convocatoria de una consulta en Cataluña sobre los supuestos acuerdos que alcance esa mesa. La formación republicana ha advertido que tumbarán el Gobierno de Sánchez si no hay avances o no se honra el pacto.
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