Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hablaron más de una hora este martes y no solo del "gobierno de coalición" que quiere el líder de Unidas Podemos con él sentado a la mesa del Consejo de Ministros, bien de ministro bien de vicepresidente, sino del proyecto político para la legislatura que va a comenzar.
Iglesias ya había desgranó el sábado ante el Consejo Ciudadanos de los morados algunas de las medidas que quiere implementar -subida del salario mínimo a 1.200 euros, renta mínima de 600 euros para las 700.000 familias bajo el umbral de la pobreza, aumentar a 24 semanas el permiso de paternidad y maternidad, y semana laboral de 34 horas- y aunque el presidente del Gobierno en funciones "no le dijo que no" dos días después en su cita, señalan fuentes socialistas a Vozpópuli, sí le recordó el compromiso con la "estabilidad presupuestaria".
De hecho, la Comisión Europea (CE) ha sacado a España del procedimiento por déficit excesivo en el que estaba desde 2009, tras haber cerrado 2018 con un déficit público anual por debajo del 3% a condición de seguir vigilando las cuentas. Porque la deuda pública ha superado el cien por cien del PIB.
En el fondo, la prórroga presupuestaria está sirviendo a Sánchez para cumplir sigilosamente con el recorte de 7.800 millones que exige Bruselas en este ejercicio
No en vano, el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis, señaló por tres veces en rueda de prensa el 5 de junio que nuestro país debe recortar 7.800 millones este año y una cantidad similar en 2020, en total 15.600 millones. "Desde 2019 España estará en el brazo preventivo, lo que significa que miraremos la evolución de la deuda y el cumplimiento del esfuerzo estructural requerido del 0,65% del PIB este año y el próximo", añadió Dombrovskis.
Por eso, entre otras razones, el Gobierno ha renunciado a presentar de nuevo el proyecto de Presupuestos 2019 cuando logre Sánchez la investidura. Oficialmente, la razón dada por el Ejecutivo en funciones es que tramitar otra vez en septiembre las mismas cuentas que en febrero tumbó el Congreso, además de que solo serían para dos meses -entrarían en vigor en noviembre- acabaría "interfiriendo" en la tramitación del presupuesto 2020.
Pero, en realidad, con el presupuesto 2018 de Mariano Rajoy prorrogado, el Ministerio de Hacienda se está ahorrando la actualización, por ejemplo, de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas: aproximadamente 6.000 millones que siguen en las arcas del Estado y sirven para enjugar déficit.
AVE a Cantabria: Otros 1.400 millones
Las fuentes consultadas explican que Sánchez va a usar políticamente el recorte anual de 7.800 millones este año y el siguiente para embridar la política expansiva que, se teme, van a exigir Pablo Iglesias y Unidas Podemos, pero no solo. Compromís, por boca de su diputado, Joan Baldoví, ya ha dicho que apoya la investidura si "en un año" está en marcha el nuevo sistema financiación autonómica.
Y Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha condicionado el apoyo del diputado del PRC a la construcción de un nuevo tramo de AVE entre Palencia y Santander, que costará 1.400 millones de euros durante los próximos cinco años:
El partido de Revilla condiciona su apoyo a Pedro Sánchez a acabar las obras del AVE a Cantabria https://t.co/eCnEeTFvvh
— AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) June 5, 2019
Pero más allá de ese gasto en nueva obra pública o en reformar la financiación autonómica, la verdadera madre del cordero de las futuras tensiones entre el PSOE y su socio principal, Podemos, va a ser la reforma del sistema español de pensiones que urgen el FMI, la Comisión Europea, los principales organismos internacionales y hasta el Banco de España, porque está en bancarrota.
El dilema de las pensiones
No en vano, Bruselas señalaba en su informe de hace dos semanas que todos los ingresos extraordinarios recaudados por el Estado, autonomías y ayuntamientos, deberían usarse en reducir "la ratio de deuda de las Administraciones Públicas" y "preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones".
El Ejecutivo comunitario destaca en ese informe que "el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (condición sin equa non para Pablo Iglesias y los sindicatos) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad, requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo". Pero, aún cuando Pedro Sánchez y el PSOE se apuntaron en campaña electoral a actualizar las pensiones con arreglo al IPC, no está claro que tras las presiones de la UE y de los organismos internacionales, el presidente del Gobierno en funciones quiera seguir transitando camino.
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