Pedro Sánchez ya no descarta que el juez Juan Carlos Peinado acabe elevando una exposición razonada a la sala Segunda del Tribunal Supremo para que le impute un supuesto delito de tráfico de influencias a favor de empresarios amigos, como el que ha imputado ya a su esposa, Begoña Gómez, dentro de la investigación que está llevando a cabo desde hace meses en el Juzgado de Instrucción 41 de Plaza Castilla (Madrid), reconocen diversas fuentes socialistas a Vozpópuli.
Lo que empezó siendo para el Gobierno y su presidente una instrucción judicial “sin sentido” y elaborada a base de “bulos de la ultraderecha y el PP” que caería por su peso, ha escalado procesalmente en la última semana de tal modo que puede a acabar siendo un “calvario” judicial para la pareja y político para el PSOE, por más que al final quede en nada, explican estas fuentes.
De hecho, la providencia emitida este viernes de puente -firmada por otro juez de guardia en Plaza Castilla, Carlos Valle-, donde se rechaza que el presidente declare por escrito al amparo del artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LECRIM)como solicitaba, ha llevado a la Dirección Socialista la conclusión de que Peinado “va a por todas”; y eso incluye el “show” de personarse este martes 30 a las 11 en La Moncloa a tomarle declaración grabada a Sánchez con el impacto nacional e internacional que eso va a tener.
En Ferraz no ha pasado desapercibida la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de darse de plazo hasta el 30 de septiembre para resolver recursos -contra la cual el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha interpuesto otro recurso- porque “avala” la determinación de Peinado de no archivar rápido las denuncias de Manos Limpias, Hazte Oír y Vox, que es lo quería el PSOE
Además, en Ferraz no ha pasado desapercibida la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de darse de plazo hasta el 30 de septiembre para resolver recursos de las partes -contra la cual el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha interpuesto recurso de súplica- “avala” la determinación del juez de no archivar rápidamente las denuncias de Manos Limpias, Hazte Oír y Vox, que es lo que pretendían los socialistas.
Y ante esta situación, ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez el martes cuando le pregunten el juez, el fiscal, las acusaciones particulares y los abogados defensores sobre los negocios de su pareja y la reunión del matrimonio en La Moncloa con el empresario Juan Carlos Barrabés? El Gobierno guarda silencio porque no quiere desvelar nada de la estrategia procesal que adoptará el presidente.
No obstante, tanto las fuentes socialistas consultadas por este periódico, como algunas otras jurídicas, dan por hecho que, tras la negativa a que declare por escrito, el jefe del Ejecutivo mantendrá “el pulso” con Peinado acogiéndose a la “dispensa” que le proporciona el artículo 412.2 de la LECRIM y negándose a cualquier cosa que no sea declarar por escrito; y que sea el Tribunal Supremo, ya no Peinado, el que decida dentro de unos meses si el juez del 41 pide finalmente imputarle.
El delito por el cual se investiga a Gómez, tráfico de influencias, es de los más difíciles de probar porque se necesita demostrar el “prevalimiento” de un funcionario en el amaño de una concesión o un concurso, en este caso supuestamente a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; y ese funcionario no podría ser otro que el propio Sánchez
Hay que tener en cuenta que el tráfico de influencias por el cual se investiga a Begoña Gómez es “uno de los delitos más difíciles de probar”, admiten fuentes jurídicas, porque necesita ser demostrado que hubo “prevalimiento” de un funcionario en el amaño de una concesión o un concurso, en este caso a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; un funcionario que no podría ser otro que quien le recibió en La Moncloa, el propio Sánchez, a quien Peinado no puede imputar.
Las citadas fuentes reconocen que la situación es “confusa” porque, por un lado, el jefe del Ejecutivo tiene derecho a no declarar contra su pareja, para no incriminarla, y, por otro, “no se alcanza” qué preguntas sobre el supuesto tráfico de influencias de su esposa, van a formularle las partes sin que afecte a su condición de presidente. Es lo que Sánchez trataba de hacer ver en su escrito al juez, calificando de “inescindible” su doble condición de marido y presidente.
Dicho de otra manera: la tesis de La Moncloa -expresada en la petición a Peinado de declarar por escrito- es que el empresario imputado, Juan Carlos Barrabés, se reunió en La Moncloa con él, con Begoña Gómez y con el Director de la Oficina Económica de la Presidencia, Manuel de la Rocha, para presentar a Sánchez sus proyectos “porque es el presidente del Gobierno, no porque sea pareja de Begoña Gómez”.
Fuera del círculo presidencial, en el PSOE también hay voces que sostienen que, políticamente, Pedro Sánchez no debería permitirse como testigo, tras la decisión estratégica de su esposa de ejercer su derecho a no declarar, dar este martes en La Moncloa la callada por respuesta a todas y cada una de las preguntas que se le formulen.
Pedro Sánchez se acogerá el martes probablemente a su derecho a declarar por escrito, pero evitará con buenas formas ir “al choque” procesal con Peinado, como sí han ido en el terreno político varios de sus ministros; empezando por el de Justicia, Félix Bolaños, tildando de “persecución cruel e inhumana” a Begoña Gómez; siguiendo por la portavoz, Pilar Alegría, que ve una “causa política” y acabando en el titular de Fomento, Óscar Puente, quien habla de instrucción “miserable”.
Fuera del círculo presidencial, en el PSOE también hay voces que sostienen que, políticamente, Pedro Sánchez no debería permitirse como testigo, tras la decisión estratégica de su esposa de ejercer su derecho a no declarar, dar este martes en La Moncloa la callada por respuesta a todas y cada una de las preguntas que se le formulen.
Primero, porque está más obligado que cualquier ciudadano a colaborar con la justicia y, segundo, porque se va a grabar todo lo que diga; y una imagen del jefe del Ejecutivo negándose a hablar resultaría “muy negativa” porque tanto silencio de la pareja presidencial serviría a PP y Vox para extender un manto de sospecha en la opinión pública, admite una fuente de la Ejecutiva Federal Socialista.
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