El Gobierno encara la recta final de las negociaciones para acceder al fondo de rescate que la Unión Europea activará para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. El ingente gasto de estos meses de emergencia ha secado las arcas de las comunidades autónomas, que temen cargar con el grueso de los recortes por mínimos que sean.
Una de las opciones que baraja Pedro Sánchez, presionado por los intereses de los partidos nacionalistas, es trocear la transferencia que reciba España entre las comunidades. Sería un formato similar al del fondo autonómico que se repartirá en las próximas semanas.
España se enfrenta a una caída sin precedentes de su economía, que el Banco de España estima en el peor de los escenarios en un desplome superior al 15% del PIB para 2020. La Comisión Europea presentó un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros.
Digitalización y renovables
De ellos, 560.000 millones se destinarán a ayudar a los países a financiar "reformas estructurales e inversiones" que Bruselas lleva tiempo pidiendo a algunos estados como España. La propuesta de la Comisión se negocia ahora entre los veintisiete países para concretar la disponibilidad y condicionalidad del dinero en el próximo Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno.
La sensación dentro del Ejecutivo es que el acceso inicial a estos fondos no será excesivamente traumático. Alemania, Francia y las locomotoras económicas de la UE también están sufriendo los efectos del parón mundial contra la epidemia de la covid-19. Y eso, dicen fuentes del Gobierno, allanará el camino hacia una cierta barra libre.
Lo lógico es que el Gobierno opte por vincular el primer paquete de ayudas a reformas más “amables”, como digitalización o transformación energética hacia las renovables. La estimación es que Alemania y los países del Norte saldrán antes que España de la crisis económica. Y a partir de ese momento la condicionalidad de acceso a los fondos se centrará en otros recortes que afectan de lleno al espíritu del Gobierno de coalición: pensiones o empleo, entre otros.
Presión de Cataluña y País Vasco
La opción de repartir los fondos entre las comunidades es una prioridad de gobiernos nacionalistas e independentistas como los del País Vasco y Cataluña. Los ministros económicos prefieren centralizar la inversión y vigilar el cumplimiento de las reformas exigidas por Bruselas. Pero admiten que la debilidad parlamentaria del Gobierno condicionará el uso que se haga del fondo.
Una de las claves para conocer los planes de Sánchez estará en el proyecto de Presupuestos. Según ha sabido este diario, el plan del Gobierno es no preparar una propuesta hasta conocer qué dinero se pedirá a Europa y el coste en reformas y ajustes del plan. El convencimiento en el seno de la coalición es que el acuerdo de Gobierno ha saltado por los aires tras la pandemia y que es obligatorio rehacer los planes económicos.
Fuentes del Ministerio de Hacienda ni confirman ni desmienten la posibilidad de condicionar los Presupuestos a la claridad sobre las ayudas europeas. Pero admiten que “hay margen de tiempo” para pensar en el proyecto presupuestario. El objetivo del Gobierno es presentar las cuentas para 2021 en tiempo y forma. Es decir, antes del 30 de septiembre.
