El otoño caliente en Cataluña era uno de los riesgos de la repetición electoral el 10 de noviembre. Y Pedro Sánchez lo sabía. El Gobierno utilizará toda la retórica a su alcance para marcar distancias con el separatismo y está dispuesto a aplicar mano dura si la crisis, todavía incipiente, desemboca en un escenario de confrontación y desobediencia después de la sentencia a los líderes del proceso separatista.
Un ejemplo ha estado en las mociones aprobadas por la mayoría separatista en el Parlament. El Ejecutivo anunció rápidamente que estudiaría su impugnación. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que no permitirán que se vulnere la Constitución.
La moción de censura y los pactos del PSOE con formaciones nacionalistas y separatistas -más de 40 en Cataluña- son una mochila pesada para Sánchez si crece la tensión. Y una de las principales bazas de PP y Ciudadanos para castigar al PSOE en las elecciones.
Control de los Mossos antes que 155
Sánchez quiere evitar que una nueva crisis en Cataluña tumbe una victoria en las urnas que todas las encuestas dan por segura. Y sabe que sus rivales políticos no le darán un respiro. El presidente, sin embargo, tampoco quiere bailar el agua al centro derecha y no contempla de momento un nuevo 155.
El principal argumento que usará una y otra vez el Ejecutivo para desmarcarse del 155 es la resolución del Tribunal Constitucional contra los recursos presentados por el Parlament de Cataluña y los diputados de Podemos en el Congreso.
Sánchez esgrimirá que las sentencias del TC delimitan el marco de actuación del 155 como una "vía de último recurso" de carácter "extraordinario". Y que antes del 155 deben contemplarse "otras vías ordinarias" para reconducir la situación con las autoridades catalanas.
En ese sentido, el Gobierno contempla como más probable la ley de Seguridad Nacional. Con esta ley en la mano, el presidente del Gobierno puede declarar una "Situación de Interés para la Seguridad Nacional". Esta situación, que se declara mediante real decreto, debe definir la crisis, el ámbito geográfico del territorio al que afecta, la duración del proceso y el nombramiento de una autoridad y sus competencias para "dirigir y coordinar las actuaciones que procedan".
Esta ley permite al Ejecutivo tomar el control de los Mossos, pero necesitaría el real decreto. Hay otras fórmulas si quiere evitarlo. Sánchez también puede asumir la dirección de la policía autonómica catalana invocando tres artículos recogidos en una Ley de 1986 y en un Real Decreto de 1987.
Son los artículos 38.2 y 46.2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el artículo 21 del Real Decreto de Policía Judicial. Todos ellos tienen la capacidad de subordinar a los Mossos a las direcciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Sánchez, sin el Ministerio del 155
La sentencia contra los dirigentes políticos catalanes, que se espera a mediados de octubre, sorprenderá a Sánchez sin Ministerio de Política Territorial, que diseñó el 155 la pasada legislatura, y sin los principales ministros catalanes del Ejecutivo, Meritxell Batet y Josep Borrell.
Sánchez no tiene una figura clara en su gabinete para liderar la respuesta al separatismo. Fuentes de Moncloa indican que es pronto para hablar de un escenario de confrontación. Y que llegado el caso, el presidente decidirá.
La vicepresidenta Carmen Calvo centralizó las negociaciones con la Generalitat, que naufragaron tras caer los Presupuestos pero que incluyeron cesiones polémicas como el relator-mediador. No está claro si Calvo repetirá en este papel.
"Será quien decida el presidente llegado el momento", dice el entorno de Sánchez. "Imposible responder eso ahora".
Un papel como el de Santamaría
El anterior presidente, Mariano Rajoy, delegó en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la interlocución con Cataluña. Y Sáenz de Santamaría tenía las competencias de Administraciones Territoriales. Su equipo fue el encargado de diseñar el artículo 155 que se aplicó en Cataluña después de la declaración unilateral de independencia en octubre del 2017.
Tras la moción de censura, Sánchez reordenó las áreas de Gobierno. Y recuperó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La cartera fue para Meritxell Batet, en un claro gesto de distensión con el separatismo catalán.
Pero Batet dejó el cargo para ocupar la presidencia del Congreso tras las elecciones generales. Y su secretario de Estado, Ignacio Sánchez Amor, también ha salido recientemente del Gobierno para ocupar su escaño como eurodiputado. El Ministerio encargado del 155 está descabezado.
Las competencias ordinarias del Ministerio las ha asumido Luis Planas, responsable a su vez de Agricultura. Planas no tiene el perfil político potente que requeriría un escenario de enfrentamiento con el independentismo catalán.
Otro de los ministros a los que Sánchez echará de menos es Borrell. El ministro de Asuntos Exteriores sigue en el cargo de forma sorprendente. No dimitió para ser candidato a las europeas, ni tampoco tiene intención de hacerlo antes de que se confirme su nombramiento como Alto Representante de la Política Exterior Europea a finales de octubre. El caso de Borrell es inédito en Europa. En cualquier caso, está de salida.
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