Pensiones y mercado laboral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere presentar ante la Comisión Europea un plan de ajuste del gasto para obtener los 140.000 millones de euros del Recovery Fund. Las líneas maestras de ese plan se enmarcan en las propuestas de la Airef de 2019, que incluyen iniciativas como subir la edad de jubilación y flexibilizar el mercado del trabajo, entre otras.
Se trata de propuestas potencialmente polémicas para el Gobierno de coalición con Podemos, pero los sherpas gubernamentales que deberán hablar con la UE creen que desbloquearán las ayudas y afianzarán la recuperación económica.
Sánchez busca un encaje de bolillos que, tras recibir los fondos europeos, le permita blindar la legislatura. Trabaja a marchas forzadas para evitar que la crisis de la covid-19 obligue a convocar elecciones antes de tiempo, una opción que no despierta el entusiasmo en la oposición, bloqueada entre la ausencia de una estrategia clara y el esquema del cuanto peor, mejor. Esas dudas hacen que Sánchez gane tiempo, confiado en poder dar el jaque mate con la aprobación presupuestaria.
El plan que el equipo de Sánchez tiene sobre la mesa se fundamenta en los estudios de la agencia independiente Airef. La agencia empezó a trabajar después del rescate financiero y hasta el pasado mes de enero la dirigía José Luis Escrivá, ahora ministro de Seguridad Social. Cuando la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, funcionaria comunitaria, entró en la dirección del departamento económico pidió a Escrivá elaborar una serie de spending reviews que ahora sirven de líneas maestras para la propuesta española ante la UE.
30.000 millones de déficit
Con un déficit anual de 18.000 millones solo en el sistema público de pensiones, el Ejecutivo sabe que en este ámbito deberá ofrecer correctivos radicales para convencer a los técnicos comunitarios. En ese sector el Ejecutivo de Sánchez plantea incluir en la documentación que enviará a Bruselas medidas que retrasen la edad de jubilación, tal y como pregonaba Escrivá antes de convertirse en ministro.
El organismo fiscalizador planteaba endurecer los márgenes para las jubilaciones anticipadas (que se reducirían de manera draconiana), lo que aumenta la edad real de jubilación. Se trataría de pasar de los 62 años actuales a 64 y 65 en los próximos años. A la vez, a partir de 2022, se aumentará a más de 25 años el tiempo que sirve para calcular la pensión: eso puede acarrear pensiones más bajas para la mayoría de trabajadores, entre otras cosas porque se tomará en cuenta la contribución durante la vida profesional, y no solamente los últimos años.
'Mochila austriaca' y mejor formación
El segundo eje atañe al mercado del trabajo. Contrariamente a lo que el PSOE y Unidas Podemos han firmado con Bildu en el Congreso, los emisarios del Ejecutivo en Bruselas vaticinan un plan opuesto a la “derogación íntegra” de la reforma de Rajoy. El Gobierno, siempre de acuerdo con las líneas marcadas por la Airef, quiere flexibilizar más aún el sector, mejorando algunos puntos de la reforma.
Se volverá a hablar de la mochila austriaca (sistema de indemnización al trabajador que abarata el gasto para la empresa en los despidos) y de ayudas más eficaces para la formación profesional. Por ejemplo, a través de los llamados “itinerarios formativos”, que suponen más fondos pero cuyos beneficiarios deben justificar en el detalle para qué reciben las ayudas. La digitalización del sector se convertirá en una prioridad (ya lo ha anunciado Calviño en la comisión de reconstrucción en el Congreso). A la vez, se ajustarán todas las partidas consideradas ineficaces, como algunas subvenciones.
El ajuste general podría superar los 10.000 millones de euros, que se restarían de los 30.000 millones de gasto en exceso de la economía española. Con estas medidas, todas estructurales, plantearán a los socios comunitarios un repunte del empleo, y por ende otra reducción del gasto público. Y otros 5.000 millones más de dinero recaudado con nuevos impuestos. Se excluye tajantemente el impuesto a las grandes fortunas propuesto por Podemos y rechazado por el PSOE, tal y como adelantó Vozpópuli. El Gobierno quiere alcanzar una cuota de déficit estructural parecido al de Francia o Alemania.
Condiciones europeas
Los mensajes que Sánchez recibe desde el Parlamento y la Comisión europea apuntan a que, más allá de los anuncios, el dinero europeo no llegará a fondo perdido y siempre implicará condiciones (implícitas o explicitas). Las correcciones de gasto en el sistema de pensiones y la flexibilización del mercado laboral (más allá de como lo hizo Mariano Rajoy) serán los dos pilares del plan de ajuste. A esas grandes medidas se añadirán otras de menor impacto, según prevén desde el Ejecutivo.
La clave será reducir gastos que se han detectado como inútiles para relanzar la economía. El término más adecuado podría ser el de la “racionalización”. O al menos esto es lo que plantean los sectores del Gobierno que más trabajan con la UE.
“Si Bruselas dice que no hace falta más, no hará falta más”, confían en el Ejecutivo para explicar su cauto optimismo. El pistoletazo de salida oficial en la negociación con Bruselas se dará en el próximo octubre. Sánchez enviará a la Comisión el borrador presupuestario para 2021 y como anexo las reformas estructurales. El mes de octubre será clave para el futuro de Sánchez.
Si todo va como se espera, el dinero europeo llegará en el próximo mes de enero. Serán fondos esenciales para hacer respirar a la economía, pero no suficientes para arreglar todos los desfases. Para ello hará falta avanzar en el ámbito de las reformas, que, al incluirse en una negociación con la UE, se espera que sean marcadas con fuego.
Si todo eso ocurre, el Gobierno de Sánchez presumirá de haber superado el peor escollo de su legislatura y navegará hasta el cierre de la misma. La esperanza más secreta en el entorno de Sánchez es dar por acabada la "leyenda negra de que el PSOE arruina la economía, y el PP la reflota".
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