Pedro Sánchez logra consumar el sueño de José Luis Rodríguez Zapatero de regular los medios de comunicación. El expresidente socialista forma parte del reducido búnker al que un Sánchez cada vez más aislado escucha. En un artificio digno de Houdini, el presidente del Gobierno ha transformado una directiva europea diseñada para proteger la libertad de prensa en un artefacto con el que controlar a la prensa crítica e incómoda.
El llamado 'Plan para la regeneración democrática' aprobado en el Consejo de Ministros desliza serios riesgos para la libertad de prensa con medidas como la modificación del Código Penal para que las personas "difamadas" por los "bulos" -¿quién determinará qué es un bulo?- puedan tener una respuesta judicial "rápida", como ha explicado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Entre las medidas punitivas contra los periodistas que avanza el Ejecutivo de Sánchez se encuentra la modificación del derecho al honor. "En el año 82 y en el 84 no se podía prever el ecosistema que tenemos hoy de medios y la forma en que se producen los bulos. Por eso, queremos que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva", ha afirmado Bolaños. A su vez, ha prometido una modificación integral del Código Penal para acotar los delitos de injurias contra instituciones del Estado, una forma de proteger a los poderes públicos de las informaciones incómodas.
Ninguna de estas acciones punitivas están contempladas en el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. De hecho, la directiva europea es muy clara en su afán por proteger a los periodistas de sanciones judiciales. En su artículo 4.3 se establece que "Los Estados miembros no adoptarán ninguna de las siguientes medidas: detener, sancionar, interceptar o inspeccionar a los prestadores de servicios de medios de comunicación o a su personal editorial... con el fin de obtener información relacionada con fuentes periodísticas o comunicaciones confidenciales".
Otro de los excesos del Ejecutivo respecto a la normativa europea es la creación de un registro de medios de comunicación, en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Un registro que será gestionado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
En cambio, la normativa europea determina la creación de bases de datos nacionales que contenga información sobre la propiedad de los medios, pero no que dicha base contenga datos sobre la inversión publicitaria que reciben.
Tampoco hay rastro en la ley europea de que todas las administraciones regionales deban hacer pública la inversión publicitaria que hacen. Algo que, sin embargo, comunidades autónomas como Madrid y Cataluña ya llevan a cabo, al contrario que el Gobierno de Pedro Sánchez, que oculta el destino de su gasto en publicidad institucional como denunció la Comisión Europea. De la misma forma, Europa estipula la concesión de subvenciones para apoyar la "innovación en los medios de comunicación locales y regionales e impulsar el pluralismo", algo que traducido a la norma de Sánchez es que se incluirán medidas de "discriminación positivas para los medios que estén en lenguas cooficiales en apoyo al plurilingüismo".
Con Bildu pero sin Vox
Se trata de un proyecto que todavía debe pasar por las cámaras parlamentarias y del que no se descartan cambios. De la misma forma que Manuel Azaña confeccionó la Constitución de la Segunda República al margen de la derecha, en la "regeneración democrática" de Sánchez no cabe todo el mundo. Como confirman fuentes de Moncloa a Vozpópuli, el Ejecutivo pretende negociar la norma con todos los partidos del Parlamento excepto con Vox.
Es decir, que Sánchez atenderá las aportaciones de partidos como EH Bildu -que llevó a terroristas de ETA con delitos de sangre en las listas de las elecciones locales hace un año- y no las del partido de Santiago Abascal. También escuchará a los partidos independentistas de los que depende para la continuidad de Salvador Illa en la Generalitat (ERC) y de Sánchez en Moncloa (Junts).
De la misma forma, intentará que el PP muerda el anzuelo y se sume a las conversaciones, bajo el pretexto de que en Europa ambos partidos votaron a favor del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. Una norma concebida para proteger a los periodistas frente a abusos judiciales y de las injerencias políticas.
Fuentes de Génova aseguran a este periódico que no negociarán con el PSOE nada que se desmarque una sola línea de lo establecido en la directiva europea. Entre otras medidas, se incluye la de obligar a los medios a ser transparentes con sus fuentes de financiación. Sánchez va más allá y quiere delimitar la financiación pública de la prensa -a través de la publicidad institucional- por parte de administraciones públicas como las comunidades autónomas (en cuya mayoría gobierna el PP).
Un único encuentro con periodistas para elaborar el plan
El presidente del Gobierno mantuvo un único encuentro con asociaciones de periodistas para desarrollar su ley de medios. Fue el pasado mes de julio con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
En dicha reunión, la FAPE entregó a Sánchez un informe en el que apoyaba los términos y propuestas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. En ella destacan "la importancia de que se asegure el libre ejercicio de la profesión periodística, rechazando cualquier intento de injerencia de los poderes públicos; se garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, y se salvaguarde la independencia de los medios de comunicación con una financiación estable y transparente".
La FAPE también hizo hincapié en la necesidad de promover la protección de periodistas, la transparencia sobre la propiedad de los medios y el reparto de la publicidad institucional "para garantizar su independencia", así como la puesta en marcha de medidas para incentivar la alfabetización mediática. Una serie de propuestas que contrastan (salvo en lo referente a la transparencia sobre la propiedad de los medios) con las medidas pergeñadas en Moncloa.
Las asociaciones de prensa han mantenido un perfil bajo tras el anuncio de Sánchez de regular la prensa. Solo la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) criticó
Cuando Sánchez defendía que el mejor periodismo se hacía en 'webs'
La obsesión de Pedro Sánchez con los medios de comunicación críticos viene de lejos. Ya en su libro 'Manual de Resistencia' atacaba a los "manufactureros de bulos" por idear el concepto Gobierno Frankenstein. "El bulo del Gobierno Frankenstein me hizo mucho daño", afirmaba, en referencia a las noticias que vaticinaban su afán de pactar con los independentistas para lograr la investidura. Algo que el tiempo ha terminado demostrando que era cierto. Sánchez estaba dispuesto a romper con el consenso del Comité Federal de su partido de 2015 de limitar los pactos de gobierno a fuerzas no independentistas.
En su libro asegura que encontró "más periodismo, más autenticidad en el deseo verdadero de informar de lo que ocurre, en lugar de querer decidir sobre ello, en los medios digitales". Desde entonces, Sánchez ha cambiado de opinión, y desde su factoría de Moncloa llevan meses aireando la bandera del "fango", los "pseudomedios", los "digitales", las "webs" contra todo aquel que publicase noticias sobre su investigada esposa, Begoña Gómez.
En la sede de Sánchez ya han ideado el nuevo juego dialéctico con el que defender plan de prensa. Por un lado, acusarán al PP de votar una cosa en Europa y otra en España -cuando ambas normas no tienen nada que ver-, y a los medios críticos con esta regulación de la libertad de prensa de ser "máquinas del fango", por oponerse a que el poder político ponga barreras al cuarto poder, ese que debe velar por que los derechos de la ciudadanía sean respetados.
