El Gobierno deberá convalidar en el Congreso de los Diputados, antes del 23 de enero, el Real Decreto-ley que mantiene durante 2025 el gravamen a las energéticas que reclamaron a Pedro Sánchez ERC, Bildu, BNG y Podemos. Pero el Ejecutivo no tiene los votos para dar luz verde a este texto.
Por eso, tras la aprobación en el último Consejo de Ministros del año, Pedro Sánchez ha rogado a los socios a su izquierda, que le pidieron la prórroga de este gravamen, que ayuden al Ejecutivo a convencer a Junts y al PNV para que el Decreto no decaiga en el parlamento. Un trabajo de persuasión en el que estarán también los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños.
El presidente, según ha podido saber Vozpópuli, ha trasladado a alguno de sus socios minoritarios, junto con su petición de auxilio, que "nosotros ya hemos cumplido". Se refiere a complacer a los que le pedían seguir gravando los beneficios de las energéticas. Sánchez prometió a unos y otros cosas incompatibles. Y está intentando quedar bien con todos.
Plan 'b'
La idea inicial del Ministerio de Hacienda era establecer un nuevo impuesto o en su defecto prorrogar el gravamen que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, compromiso que adquirió con ERC, Bildu, BNG y Podemos. Pero esa tasa quedó derogada el pasado sábado con la entrada en vigor de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales, que incluye una disposición para ese propósito que consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts.
Por eso, para cumplir con sus socios a la izquierda, el último Consejo de Ministros del año optó por la aprobación de un Real Decreto-ley que deberá ser convalidado antes del 23 de enero en el Congreso de los Diputados para que las medidas sigan en vigor.
Aunque el gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de PNV y Junts, los dos partidos más alejados ideológicamente del Gobierno, que no están muy por la labor de mantener este gravamen. Especialmente los de Carles Puigdemont. De ahí que el presidente haya pedido ayuda a sus socios que le pedían la prórroga.
El Ejecutivo, con el objetivo de atraer a PNV y Junts, ha introducido una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, algo que el Gobierno pactó en un inicio con los catalanes; y otra para convertir el gravamen en impuesto y que así las Haciendas Forales puedan concertarlo, para atraer el voto de los vascos. Pero ambas cosas parecen insuficientes por ahora.
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