La auditoría realizada por Óscar Puente sobre las compras de material sanitario efectuadas por el Ministerio de Transportes durante la pandemia levantó ampollas en José Luis Ábalos. El exministro considera que su colega socialista no se ha comportado de manera justa, que como los tribunales ya están investigando la presunta corrupción en contratos de su ministerio no era necesaria y que solo ha servido para ponerle en el disparadero. Ábalos y el PP coinciden en una cosa, y es que ambos piensan que la auditoría debería haberse extendido a otros ministerios, especialmente el de Sanidad de Salvador Illa.
"¿Por qué no se hace una auditoría en el Ministerio de Sanidad, o en el Ministerio del Interior, o en las Comunidades Autónomas?", llegó a cuestionar el propio Ábalos. Los deseos del exministro de Transportes y de los populares no se van a hacer realidad. Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a Vozpópuli que una auditoría sobre los contratos públicos firmados en la pandemia al estilo de la efectuada por Óscar Puente está totalmente descartada.
Fuentes cercanas a la ministra de Sanidad, Mónica García, explican a este periódico que la finalidad del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria -de reciente creación- no es llevar a cabo funciones de auditoría: "Nosotros lo que vamos a hacer es un plan con varios puntos, dentro del cual uno de ellos conlleva la elaboración de una matriz de riesgos con un sistema de indicadores que permitan alarmar de situaciones potencialmente conflictivas. Hemos de recordar que el Observatorio tiene competencias de estudio, análisis y propuesta, no de auditoría".
Otro de los argumentos que maneja García es que "Hay que tener en cuenta que ya hubo una auditoria del Tribunal de Cuentas de las contrataciones durante la pandemia y cuyo resultado fue muy bueno, por lo que no tendría sentido hacer auditoria interna".
El agujero de 9 millones delos contratos de Illa
Por el momento, el viento sopla a favor de Salvador Illa. A la negativa de García de realizar una auditoría de los contratos firmados bajo su mandato se suma la victoria de la Abogacía General del Estado y la Fiscalía en los tribunales, que han conseguido que se archive la única causa abierta contra el exministro de Sanidad por la compra de mascarillas defectuosas al advertir un error de procedimiento.
Una realidad que no maquilla la larga lista de desaguisados contractuales del Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa; adjudicación de 3,3 millones de euros para traer 144 respiradores de ventilación mecánica invasiva a una fábrica de yesos (Hyperin) de la que no llegó ninguno; 5,7 millones de euros pagados a una empresa de ropa de Barcelona (Member of the tribe) para traer 52 millones de guantes (tampoco llegaron nunca); adjudicación de 8,7 millones a Hong Jin Medical Science and Technology Service por traer 100 millones de guantes que costaron un 177% más por unidad que lo que ofrecían en aquel momento empresas españolas (a 3 céntimos la unidad)….
Una gestión cuyas consecuencias han dejado huella en las arcas públicas, ya que, como adelantó este periódico, hay dinero que se pagó por un material que no llegó y nunca se llegó a recuperar.
En las cuentas públicas del Estado español hay un agujero de 9.241.000 euros por contratos firmados por el Ministerio de Sanidad de Illa con empresas de dudosa reputación que incumplieron lo acordado. Entre ellas se encuentra la fábrica de yesos, la empresa de ropa de Barcelona y varias empresas chinas que no figuraban en el listado de proveedores fiables que el Gobierno chino compartió con el Ejecutivo español.
