De esta legislatura no puede pasar. El sector del lobby quiere que su actividad se regule con carácter inmediato y ve en el boom que vive su profesión el argumento definitivo para mover a los políticos a un acuerdo en ese sentido. “Es una labor cada vez más extendida y transversal, en continua expansión desde hace ocho o nueve años, que va a más prácticamente día a día, es necesaria una regulación y así lo llevamos demandando mucho tiempo”, asegura María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).
A su juicio, la mala imagen que tienen los también denominados grupos de interés o de presión obedece a la “falta de transparencia” de su trabajo, a que no se sabe exactamente qué hacen y cómo lo hacen, en qué consiste la actividad lobística con la que empresas, ONG’s y todo tipo de asociaciones tratan de influir en instituciones y clase política en general.
Empresas, ONG’s y todo tipo de asociaciones recurren ya a los servicios de lobistas para relacionarse con la Administración
Una disfunción que el Parlamento se ha resistido a atajar. Hasta ahora. En la anterior legislatura, la fallida que concluyó en mayo con la disolución de las Cortes, se aprobó una proposición no de ley que instaba a negociar la regulación del lobby. Salió adelante por unanimidad, a propuesta del grupo Democracia y Libertad -antigua Convergència-, e hizo cargarse de esperanzas al sector. “Es un precedente importante, esperamos que se retome en breve y que por fin se articule un marco normativo para nuestro trabajo, simplemente queremos que se nos reconozca como un sector profesional más a todos los efectos”, indica Rotondo.
Según los datos de APRI, “las empresas, tanto grandes como medianas, son cada vez más conscientes de que se tienen que esforzar por tener una relación fluida con los que toman decisiones que les afectan directamente”. Y en eso consiste hacer lobby: en hacer llegar a los partidos y cargos públicos la información que se considera relevante sobre temas que afectan a sus representados. Ofrecer un punto de vista, defender unas líneas concretas de actuación y proporcionar una panorámica más completa a la Administración para que antes de tomar decisiones disponga del mayor número de elementos de juicio posible: "Algo habitual, perfectamente normal, en todas las democracias". Según la APRI, ese trabajo se vería como uno más si fuera completamente transparente, si se le diera difusión a las reuniones y los contenidos de las mismas, "como ocurre en el Parlamento Europeo o en Estados Unidos, por citar dos ejemplos".
Una nueva ley
Los grupos de presión reclaman un registro de lobistas, un protocolo que regule la actividad y otras medidas adicionales, como una mayor regulación de las puertas giratorias. “No queremos que se prohíban, porque no queremos políticos que solo puedan dedicarse a la política, pero sí que haya un mayor periodo de 'enfriamiento' o una ampliación de la ley de incompatibilidades, que ahora solo afecta a los altos cargos”, indica Rotondo al respecto. Un informe de la asociación difundido hace unos días recoge que la inmensa mayoría de los que trabajan en este sector comparte esta opinión, al igual que quienes recurren a sus servicios.
El sector reclama un registro de lobistas, un protocolo que controle su actividad y mayor regulación de las puertas giratorias
Además, el estudio refleja que la labor de los lobistas deja muy satisfechos a sus clientes: el 88% asegura que repetiría. "Influir en la regulación de las actividades sectoriales" y "mejorar el entorno de negocio de la compañía" son las principales razones por las que contratan a grupos de interés, objetivos que consideran mayoritariamente cumplidos una vez concluido el servicio.
Son datos que para APRI -asociación donde se agrupan las empresas más importantes del sector- dibujan “un sector en auge, una profesión de mucho futuro, que genera mucho trabajo” y debe ver escuchadas sus demandas. A su juicio, es necesaria una ley que regule la relación del sector con el Gobierno nacional y una reforma del reglamento del Congreso para articular el citado registro. Ello sin perjuicio de que se pueda avanzar también a nivel autonómico o local, como de hecho ya se está haciendo en algunas comunidades y ayuntamientos.
Rotondo asegura que “UPYD, en su momento, y Ciudadanos ahora” son los partidos que más interés han mostrado en impulsar esas reformas. “El PSOE de Pedro Sánchez también lo avalaba y el PP es quien más reticencias ha mostrado”, añade antes de incidir en el precedente de la anterior legislatura, que a su juicio hará improrrogable la confección de un marco regulatorio a nivel nacional. “Es un hecho al que agarrarnos para decirles: ‘Háganlo’. Es algo que creemos que va a caer como fruta madura, esta legislatura seguramente tendremos al menos un registro”.
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