El Senado baraja tener que celebrar un Pleno extraordinario a finales de la semana que viene, el jueves o el viernes, en el que aprobar el permiso al Gobierno para que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, en una sesión en la que se cuenta con que el propio presidente, Mariano Rajoy, explique a los senadores las medidas que les plantea.
Fuentes parlamentarias han explicado este martes que todo el calendario depende de qué ocurra el jueves, de la respuesta que dé el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al segundo requerimiento del Ejecutivo para que vuelva a la legalidad constitucional.
Si no rectifica, Rajoy reunirá al Consejo de Ministros para aprobar las medidas que considere oportunas, reunión que podría tener lugar el jueves, en convocatoria extraordinaria, o el viernes en el habitual Consejo semanal. En cualquier caso, lo que de allí salga deberá ser enviado al presidente del Senado, Pío García-Escudero, junto con los requerimientos y las respuestas de Puigdemont.
El vicepresidente primero de la Cámara Alta, Pedro Sanz, ha asegurado hoy que la Mesa está sobre aviso para reunirse ese mismo jueves o el viernes y con la documentación que le envíe el Gobierno, tendrá que decidir cómo se tramita el asunto. Se prevé que esté concluido todo el proceso entre el jueves y el viernes de la semana que viene, en un Pleno extraordinario que apruebe definitivamente un dictamen.
Fuentes parlamentarias apuntan que la tramitación no va a ser precipitada, en dos días, y que se dejará que entre el martes y el miércoles se desarrolle el Pleno ordinario previsto en el Senado para la próxima semana, aunque insisten en que todo es posible según se desarrollen los acontecimientos y según la urgencia que reclame el Gobierno.
Precisamente el martes Rajoy comparece en la sesión de control al Gobierno para responder a las preguntas del PSOE, de Unidos Podemos y del Grupo Mixto.
Dos comisiones posibles
Las vías para tramitar en el Senado las medidas que plantee el Ejecutivo son dos y las dos están de momento abiertas. Será la Mesa del Senado la que tomará la decisión de elegir cuando le llegue la solicitud del Consejo de Ministros, que irá acompañada con seguridad de una petición de que se tramite con urgencia.
De acuerdo con el Reglamento del Senado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución puede recaer en la Comisión General de Comunidades Autónomas o en una comisión creada al efecto entre varias, si se entiende que el asunto afecta a más de una. Por ejemplo, cabría que estuviera compuesta por los vocales de la citada Comisión General, y también de la Comisión Constitucional y de la de Interior, si las medidas afectan a este terreno.
La diferencia entre una y otra es que a la Comisión General pueden acudir representantes de todas las autonomías y también el propio Gobierno para exponer su punto de vista sobre el asunto. De esta forma se prolongarían los debates. La otra comisión sería ordinaria: se reuniría una ponenia, se debatiría después en comisión exclusivamente entre los grupos parlamentarios y se llevaría un dictamen al Pleno.
Lo que se hará en cualquier caso, porque lo ordena el Reglamento, es requerir de nuevo a Carles Puigdemont que presente las alegaciones que vea oportunas y que incluso nombre un representante que acuda al Senado a defender su posición.
De lunes a viernes
Toda esta primera parte del trabajo en comisión se podría celebrar entre el lunes y el martes y que la comisión dé un par de días de plazo a la Generalitat para responder. Entre el martes por la tarde y el miércoles, el Senado celebraría su Pleno ordinario y retomaría a continuación el trabajo en comisión, entre el miércoles por la tarde y el jueves.
Según este calendario, el mismo jueves o el viernes tendría lugar el Pleno en el que se aprobarían definitivamente las medidas y al que podría acudir el presidente del Gobierno.
Fuentes parlamentarias apuntan la posibilidad de que a lo largo de esos días Puigdemont disuelva el Parlamento de Cataluña y convoque elecciones. Si lo hace el próximo martes 24, la cita con las uras sería el 17 de diciembre. Esta opción podría hacer que la aplicación del 155 tuviera una duración determinada, aunque son datos que decidirá el Gobierno según las medidas que plantee.
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