Soraya Sáenz de Santamaría se empleó ayer a fondo en el Congreso para acentuar las diferencias que separan a los principales grupos parlamentarios sobre el contenido de la reforma constitucional. Detrás de esta estrategia, según fuentes del Gobierno, se esconde la advertencia de que el PP no abrirá este melón si antes no tiene garantías de cerrarlo con éxito, en otras palabras, hasta que el Partido Socialista salga de la provisionalidad en la que está instalado y consiga un liderazgo sólido.
Sáenz de Santamaría cuenta que el desaparecido Txiqui Benegas salvó de milagro la última reforma constitucional
La vicepresidenta no tiene intención alguna de escribir sus memorias, por lo que ayer relató en la Comisión Constitucional una de las anécdotas que hubieran podido ilustrarlas. Ocurrió en agosto de 2011 cuando Mariano Rajoy, todavía en la oposición, recibió una llamada de Zapatero en la que le informaba de la urgente necesidad de incluir en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria, impuesto por Bruselas y por los mercados en un momento en el que España bordeaba el rescate. Ella misma y Cristóbal Montoro acudieron a la llamada del PSOE, pero no lograron llegar a un acuerdo. De noche, de retirada, se encontraron en uno de los ascensores del Congreso con Txiqui Benegas, al que informaron de la fallida negociación. El entonces diputado se puso manos a la obra, se sentó con ellos hasta las cuatro de la madrugada y no se levantaron hasta pactar la redacción del polémico artículo 135 que más tarde, con los años, propuso eliminar Pedro Sánchez.
¿Qué es el Estado federal?
¿Hay ahora alguien con un perfil parecido al de Txiqui Benegas en el PSOE? La respuesta que se da en el Gobierno es negativa. Sáenz de Santamaría resumió ayer en varias fases de su intervención la gran distancia exhibida por todos los grupos parlamentarios en asuntos de tanto calado como la financiación autonómica, el llamado ‘derecho a decidir’ o los límites del Estado federal. “No debemos abrir debates que no sepamos cómo cerrar”, avisó la vicepresidenta a los partidos, consciente de las pocas ganas que tiene Rajoy de meterse en un lío del que no sabría cómo salir.
¿Qué es el Estado federal?, ¿proponen un federalismo simétrico o asimétrico? ¿Cómo resolverían ustedes el reparto competencial? ¿Son partidarios de federalizar el poder judicial? ¿qué parte del modelo de financiación incluimos en la Constitución? Preguntas de este calado se las hizo Sáenz de Santamaría al portavoz del PSOE en la comisión Constitucional, Gregorio Cámara, y no tuvieron respuesta.
La conclusión extraída por la vicepresidenta es que en estos momentos sería imposible garantizar a los ciudadanos que la reforma constitucional, con estos mimbres, tuviera un consenso tan amplio como el conseguido en 1978, razón que aconseja al Gobierno trabajar esta iniciativa “poco a poco”.
Rajoy le ha dado a la vicepresidenta seis meses para que explore el guion de un futuro acuerdo sobre Cataluña, en el que la reforma constitucional no aparece como una prioridad para Rajoy. Esta reforma tendría que ser útil a 46,5 millones de españoles, por lo que el Ejecutivo ha decidido ser prudente y “evaluar los consensos”. Será, pues, un trabajo largo que no es contemplado desde La Moncloa como “un fin en sí mismo”. Queda, pues, mucho camino por recorrer.
Dirigido por una gestora provisional, el PSOE tampoco quiere pisar el acelerador a esta reforma. A lo más que ha llegado es a proponer una subcomisión parlamentaria para que por ella desfilen comparecientes y en la que se puedan analizar abundantes informes. En otras palabras, lo que los socialistas han decidido es ganar tiempo, conscientes de que la debilidad que sufren tampoco debe animarles a empujar ahora al Gobierno a un desafío en el que ellos mismos carecen de rumbo y en el que ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo con el PSC.
En La Moncloa no se ve la reforma del texto constitucional como un fin en sí mismo, por lo que la abrirá solo si tiene garantizado su éxito
La opinión de Ciudadanos al respecto, apenas es considerada por el Gobierno, consciente de que es con el PSOE, como en otras tantas cosas, con quien debe cocinar previamente cualquier retoque que afecte al texto constitucional.
