Política

El Supremo evitará que los testigos políticos del procés coincidan con la campaña

Los testigos, a diferencia de los acusados, tienen la obligación de responder con la verdad a las preguntas de todas las partes: Fiscalía, Abogacía y Vox

Una vez que hayan sido interrogados los doce líderes del procés, será el turno de los más de 500 testigos admitidos por el Tribunal Supremo. Los magistrados que juzgan la causa pretende evitar que los políticos coincidan con la campaña para las elecciones generales, según ha adelantado El Confidencial. Es decir, que el expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, el actual presidente del Parlament Roger Torrent y el vicepresidente del Govern Pere Aragonés comparecerían en el Supremo antes de la segunda semana de abril.

Entre los testigos solicitados por las defensas y acusaciones destacan también agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Todos ellos serían citados después de que declaren políticos como el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, los diputados Joan Tardá y Gabriel Rufián o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Los testigos, a diferencia de los acusados, tienen la obligación de responder con la verdad a las preguntas de todas las partes: Fiscalía, Abogacía y Vox. 

Rajoy, en la Audiencia

Fuentes jurídicas apuntan que dicho calendario sería posible; consideran que los interrogatorios a los acusados pueden resolverse antes de que empiece marzo. Esperan, entonces, que las citaciones a testigos tenga lugar en unos 15 días aunque se precise habilitar sesiones los días viernes o sábados, ya que hasta ahora solo están dispuestos los martes, miércoles y jueves.

Turull, al banquillo

El juicio se reanuda este martes y lo hace con el interrogatorio al exconseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull. Fuentes jurídicas aseguran que tiene previsto seguir la estrategia del exconseller de Interior Joaquim Forn y alejarse de la del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras: contestará a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y se quedará sin atender a la acusación popular ejercida por Vox. 

El exconseller de Presidencia de Carles Puigdemont tendrá que explicar su presunta participación en el diseño del plan del proceso independentista. La Fiscalía le acusa de autorizar a los diferentes departamentos del Govern a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum ilegal del 1-O. 

Además, en su escrito de acusación, los fiscales señalan a Turull como el responsable de financiar las páginas webs destinadas al referéndum, la publicidad institucional y el gasto en papeletas, entre otros. Por ello, solicita hasta 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos.

Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena en el Tribunal Supremo

La Abogacía del Estado rebaja la petición a 11 años y medio de cárcel por sedicióny malversación. VOX, por su parte, la eleva a 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

En la lista de acusados que pasarán por el banquillo le seguirán el exconseller de Exteriores Raül Romeva y el titular de Territorio Josep Rull. El calendario estima Dolors Bassa (ERC) sea la siguiente y luego los exconsellers que se encuentran en libertad: el de Justicia Carles Mundó, la de Gobernación Meritxell Borràs y el de Empresa Santi Vila.

Cerrarán la ronda de interrogatorios la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

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