Datos bancarios, fiscales, de Tráfico o listas de llamadas de tus rivales o enemigos, así como campañas mediáticas de descrédito, son algunos de los "servicios" que ofrecía el excomisario José Manuel Villarejo valiéndose de una red de policías, funcionarios y periodistas a cambio de cantidades que se suman por millones.
Villarejo, en prisión desde hace 7 meses por la Operación Tándem, urdió, según fuentes de la investigación consultadas por Efe, un entramado de colaboradores para conseguir datos secretos y lo hizo al menos desde 1993, cuando volvió a la Policía Nacional tras una excedencia de diez años para trabajar en la investigación privada.
El máximo exponente de lo que se vienen calificando como "las cloacas del Estado", que grabó a Corinna zu Sayn-Wittgenstein hablando de supuestas cuentas en Suiza del Rey emérito, lleva ejerciendo desde hace al menos 25 años dudosas labores de "consultoría" en crisis judiciales y conflictos entre personas o empresas.
A él acudían clientes "VIP" como empresarios o bufetes de abogados, siempre con un alto patrimonio que les permitiera pagar minutas de millones de euros (llegó a pedir 10 millones por un encargo), unas cantidades así de exorbitantes porque obedecían a la premisa de "lo que nadie te consigue, Villarejo sí", apuntan las fuentes.
El excomisario en prisión imputado en el caso Tándem por cuatro tipos delictivos, incluido pertenencia a organización criminal, obtenía datos protegidos de entidades bancarias, registros policiales, la Agencia Tributaria, Tráfico y compañías telefónicas gracias a los funcionarios y policías que colaboraban con él, incluido su considerada mano derecha, el excomisario Enrique García Castaño, arrestado la semana pasada.
También conseguía sumarios judiciales a los clientes implicados en alguna causa, en este caso gracias a la colaboración de los abogados de la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario.
Esta asociación lleva años personándose en sonadas causas como acusación popular, entre ellas Lezo, el caso Nicolás, Gowex, Campeón o el del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre, lo que daba a Villarejo acceso a toda la información de los casos en los que él o sus clientes tenían algún tipo de interés.
Todo ello valiéndose de su condición policial y sin que conste que tuviera permiso de compatibilizar sus actividades empresariales con el ejercicio de su cargo como comisario, destacan las fuentes, que indican que con la información elaboraba dosieres para chantajear a los "enemigos" de sus clientes.
A cambio cobraba millones de euros que luego blanqueaba valiéndose de una estructura societaria internacional, como ocurrió en el "informe King", una de las derivas del caso sobre una investigación para sacar los trapos sucios de uno de los hijos del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, encargada al comisario por un enemigo político de ese país.
Este fue el hilo del que tiró la Fiscalía Anticorrupción para investigar a Villarejo, pero de ahí han ido saliendo otros "proyectos" de dudosa legalidad del excomisario, que han conformado piezas hasta contar una veintena de imputados en todas ellas, incluyendo la principal.
Entre otras figuran la pieza llamada "Iron", por el bufete Herrero y Asociados, que le contrató para investigar a un despacho rival y que cuenta con 4 personas investigadas; "Land", sobre su participación en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de la lujosa urbanización de La Finca, con 3 investigados, y "Big", el nombre dado a la parte sobre García Castaño, conocido como "el Gordo" o "Blasillo", y en la que hay otros 4 imputados.
El excomisario no solo ofrecía elaborar esos informes contra empresas o personas, sino que en su cartera de servicios incluía campañas de descrédito en medios de comunicación, han explicado las fuentes.
Para ello creó su propio digital, Información Sensible, gestionado por su mujer, pero en vista de su poca proyección optaba sobre todo por periodistas "de confianza" que publicaban noticias para desprestigiar a los objetivos de sus clientes.
Con sus actividades presuntamente ilegales ha amasado una fortuna de varias decenas de millones de euros a lo largo de un cuarto de siglo de sacar las vergüenzas para "resolver" crisis, un tiempo en el que ha tratado con numerosas personas a las que, según va apareciendo en el sumario secreto del caso, ha ido grabando.
A partir de estas grabaciones hechas por Villarejo durante todos estos años, así como de otra documentación incautada de su chalé de Boadilla del Monte (Madrid), los policías de Asuntos Internos están elaborando informes que se remiten a la Fiscalía y al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, encargado de la investigación.
Pero aún queda tela que cortar, ya que la información que guardaba está encriptada y ocho agentes de ese departamento trabajan a destajo para desenmarañar los audios y otros documentos incautados, que van engrosando un sumario con partes que podrían afectar a la seguridad nacional y que podrían quedar protegidas por la Ley de Secretos Oficiales.
Su detención el 5 de noviembre pasado supuso la caída de un comisario al que se relacionó con la denominada "policía política" que orquestó la "operación Cataluña" en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz contra adversarios políticos independentistas o con el "informe PISA" contra Pablo Iglesias o Podemos.
Pero también con la grabación de una conversación de espías del CNI y agentes de Asuntos Internos en el caso del pequeño Nicolás y con la sospechosa aparición de un "pendrive" con información comprometedora sobre la familia Pujol.
Está además investigado en la causa que sigue un juzgado de Madrid contra el empresario Javier López Madrid por supuestamente acosar a la doctora Elisa Pinto, quien señaló en una rueda de reconocimiento al excomisario como la persona que la apuñaló el 10 de enero de 2014.
