El PP responsabiliza a María Jesús Montero de la falta de acuerdo en materia migratoria. "Es quien bloquea la solución", ha apuntado este martes el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado. "O el Ministerio de Hacienda pone recursos encima de la mesa o si no será imposible buscar una solución", ha puesto en la diana a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda ante el poco éxito de una negociación a tres bandas –Tellado, Clavijo, Torres– que sigue enquistada tras semanas y semanas de conversaciones. Hasta ahora, el único acuerdo alcanzado fue el rubricado el pasado 10 de septiembre entre Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo, presidente canario y líder de Coalición Canaria, en Tenerife, aunando la posición de 14 comunidades autónomas.
Tellado, no obstante, ha abogado por seguir las conversaciones con discreción. En la línea de mantenida en la sede del Gobierno de Canarias en Madrid durante el verano y que sólo trascendió semanas después. "Nosotros mantuvimos el 12 de agosto una reunión que fue discreta y que no trascendió a los medios de comunicación, que permitió avanzar en soluciones. Gobierno y oposición debemos trabajar con la discreción necesaria para facilitar un acuerdo. No tiene ningún sentido retransmitir en directo las posibles conversaciones", ha argumentado el portavoz popular.
No obstante, en estos momentos, los equipos negociadores de Gobierno, PP y CC trabajan para celebrar una nueva reunión que fue pospuesta la semana pasada ante la falta de agenda del presidente de Canarias. "En la reunión del 12 de agosto yo percibí receptividad por parte del ministro Torres, y que la solución salió de aquella reunión valía a todo el mundo", ha recordado Tellado. Una manifestación repetida en varias ocasiones por el portavoz popular desde que trascendió el encuentro.
El acuerdo alcanzado, una propuesta de Clavijo que Torres habría visto con "buenos ojos", según Tellado, contendría un plan con tres tramos con diferentes niveles de implicación de Gobierno y comunidades autónomas. El plan obligaría a las comunidades autónomas a dotar de una "atención normalizada" en los centros de acogida siempre que éstos no superen el 100% de su capacidad, que entre el 100%-150% se haría ya con ayuda del Estado y que, a partir de ese umbral, sería directamente el Estado quien atendería a esos menores de forma directa, con instalaciones propias y con sus propios recursos.