El paradero de las 8.000 urnas del 1-O, si es que ya existen como tales, es una de las principales incógnitas de la consulta de independencia que quiere celebrar el Gobierno de Carles Puigdemont (Junts Pel Si). De momento, desde la oposición, PP y Ciudadanos, en contacto permanente sobre el problema de Cataluña, guardan cautela y repiten que "no habrá referéndum", aunque sí trabajan con escenarios adversos. Uno de ellos, según fuentes de ambos partidos consultadas por Vozpópuli, consiste en la posibilidad de que la Generalitat (PDCat y ERC) convierta a los ayuntamientos soberanistas en "búnkeres" del procés, custodiando en ellos las urnas del referéndum secesionista.
Tales sospechan que el Gobierno catalán podría adoptar el mismo patrón de desobediencia civil que siguió el pasado 12 de octubre una cuarentena de alcaldías separatistas, abriendo sus puertas pese a ser festivo nacional. Aquello obligó a los Mossos d’Esquadra a personarse en el lugar para comprobar si los separatistas contravenían la orden del juez que les obligaba a cerrar por el Día de la Hispanidad. "Son capaces de repetir aquel número, concentrándose delante de los ayuntamientos e impidiendo que las fuerzas de seguridad vigilen la existencia de urnas en su interior para el 1 de octubre", señalan las fuentes citadas.
En la consulta soberanista del 9-N de 2014 fue la compañía de transportes Sertrans la que se encargó de guardar las urnas y las papeletas en sus propios almacenes de Barcelona, Tremp (Lérida) y Gerona y desde allí las distribuyeron luego a los puntos de votación, fundamentalmente colegios e institutos. "Si en lugar de guardar las urnas en unos almacenes, como hicieron la otra vez, recurren ahora a esos ayuntamientos que controlan, está claro que buscarán dar mayor espectacularización a todo esto", comentan dichas fuentes.
En concreto, 787 de los 948 consistorios de esta comunidad pertenecen a la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña (AMI). Y si bien no representan más del 43% de la población de dicha autonomía, sí que colindan con grandes ciudades que pese a no formar parte de la AMI ya han mostrado su disposición a ceder locales municipales para la celebración del referéndum, como es el caso de Barcelona, gobernada por Ada Colau (En Comú).
En materia de espacios para el 1-O, la Generalitat tiene esta vez más complicado presionar a los directores de colegios e institutos para que pongan a su servicio las llaves de dichos centros, sobre todo porque el Gobierno central se va a esforzar en recordar a estos funcionarios que están obligados a cumplir la ley.
En una entrevista en TV3 la pasada semana, la consejera catalana de Enseñanza, Clara Ponsatí, aseguró que el Ejecutivo de Puigdemont garantizará colegios electorales el 1-O: "Habilitaremos locales que pueden ser escuelas u otros locales". Esos locales, donde no habría problemas de llaves, pueden ser centros de los ayuntamientos secesionistas o de consistorios 'solidarios' con la votación (por ejemplo, el de Barcelona), así como dependencias de la Generalitat.
Los 'rebeldes' del PSC
En cuanto al PSC, hay al menos seis municipios donde gobierna -ya sea al frente de la alcaldía o formando parte del Ejecutivo local- que también piensan colaborar con el referéndum separatista: estos rebeldes son Gerona, Blanes, La Escala, Vallbona, Castellbell y Tarrassa, según ha publicado El Periódico de Catalunya. Sin embargo, la doctrina oficial de la formación de Miquel Iceta es no prestar ninguna ayuda a dicha consulta. Tarrasa es la cuarta ciudad catalana más poblada.
Con todo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aunque emplazó este miércoles a los catalanes a no participar en el referéndum para "no legitimar" una "frustración", dio por hecho que el 1-O habrá urnas instaladas por la Generalitat. Eso sí, subrayó que será en todo caso un "simulacro" de referéndum y no una consulta "con garantías democráticas". Un "puro y simple recuento sin ningún valor jurídico", agregó en la cadena Ser.
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