El president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ya ha llegado a los juzgados para declarar por desacatar la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat y otros edificios públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le juzga este lunes, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación.
Desde primera hora de la mañana, voluntarios de la Assablea Nacional Catalana (ANC) y otros manifestantes se han concentrado en la entrada del tribunal con esteladas y prendas amarillas para mostrar su apoyo al president. También le han acompañado el expresident catalán Artur Mas y otros políticos -consellers, miembros de JxCat y de ERC, entre otros-.
Se juega la inhabilitación
Torra, el tercer presidente catalán consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista, se juega en el juicio su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme.
La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condene al presidente catalán por desobediencia Torra no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo no la ratificara.
El promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a los nueves meses, lo que dilataría hasta al menos el año próximo una eventual inhabilitación del presidente catalán. En caso de que se hubieran convocado elecciones antes de que la condena fuera firme, nada le impediría presentarse como candidato.
Consideró la orden "ilegal"
Con ocasión de su declaración como investigado, el pasado mes de mayo, Torra admitió ante el juez Carlos Ramos que desobedeció la orden de retirar los lazos, al considerarla "ilegal", porque se debía a un "mandato superior" de la ciudadanía.
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