El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Parlamento catalán que aprobó el pasado 7 de marzo la creación de una comisión de investigación sobre las actividades de la Monarquía.
Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que presentó el recurso ante el tribunal de garantías sólo unos días después de la resolución del Parlament, que fue aprobada con los votos de JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y PP.
El objetivo de esta comisión era investigar las "actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña después del 1-O", según constaba en el texto que presentaron los impulsores y que se refería a las empresas que decidieron irse fuera de la comunidad autónoma después del referéndum ilegal.
Además, querían que la comisión investigase las "presuntas cuentas irregulares del rey emérito, Juan Carlos I, en Suiza y otros paraísos fiscales", y las actividades irregulares o delictivas que se puedan derivar de las declaraciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
No se llegó a poner en marcha
En su impugnación ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución para paralizar el funcionamiento de la comisión y la posterior admisión a trámite hizo que efectivamente quedara paralizada. De hecho, no se llegó a constituir ni se llegó a poner en marcha.
En su impugnación, el Ejecutivo considera que la comisión de investigación excede las competencias de Cataluña, pero también el ámbito de la función investigadora del Parlament, al tiempo que recordaba la inviolabilidad del jefe del Estado.
De momento, el tribunal de garantías ha emitido sólo el fallo de la sentencia. El texto completo de la resolución se dará a conocer en los próximos días.
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