El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia que presentada por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano el pasado lunes 7 de junio ante el Tribunal de Cuentas contra el el rescate millonario a Plus Ultra, con el fin de que el tribunal determine quiénes son los responsables contables de este rescate millonario "que ha costado 53 millones a las arcas públicas españolas".
Con esta admisión, el Tribunal de Cuentas inicia formalmente la investigación sobre el escándalo en esta ayuda estatal con la apertura de la “correspondiente pieza de Acción Pública”, según ha comunicado el tribunal a la formación liberal.
En la notificación, el órgano recoge la denuncia de Cs sobre “la existencia de un presunto menoscabo en los fondos públicos como consecuencia de la concesión a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. de una ayuda financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, por un importe total de 53.000.000 euros, sin que la citada empresa reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha ayuda”.
Ciudadanos ha valorado positivamente que la denuncia por este caso siga adelante. El partido de Inés Arrimadas espera que el Tribunal de Cuentas sea quien aprecie la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables. En concreto, qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quiénes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas.
La formación centrista recuerda que, en primer lugar, que no se investigó por parte de ninguna autoridad a los accionistas sospechosos de la empresa ni por qué la compañía estaba en ruina. Luego tampoco se verificó que la aerolínea que no era "ni estratégica ni viable" y, por último, que existían evidencias de "maquillaje contable y dudas" de que Plus Ultra cumpliera requisitos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
Cs presentó esta denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue esas responsabilidades y a todas las autoridades "sin excepción", desde la SEPI, los gestores del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y hasta el Consejo de Ministros "que es quien avala esto en última instancia y sin cuyo sello no se pueden dar estas ayudas".
La queja de Garicano a Bruselas
Ciudadanos ha sido muy crítico con la ayuda económica a dicha aerolínea, que califica de "escándalo", y en concreto, el jefe de su delegación en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha presentado una queja ante la Comisión Europea (CE) por ese rescate.
En sus alegaciones a la Comisión Europea, Garicano aseguró que Plus Ultra "no era una empresa estratégica para la economía española y estaba ya en crisis antes de la pandemia" de la covid, por lo que no cumpliría con los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Asimismo, puso en duda también que los problemas de Plus Ultra procedieran únicamente de la crisis del coronavirus, y entiende que la compañía habría incurrido en "maniobras contables". Para ello, se basó en los estados financieros de la aerolínea, que a diciembre de 2019 acumulaba 13,4 millones en pérdidas, lo que habría hecho que expirara más de la mitad del capital social suscrito, 19,2 millones.
En esta situación, habría sido catalogada como "empresa en crisis", a juicio de Garicano, lo que le habría apartado de recibir este tipo de ayudas. Pero con el objetivo de eludir esta declaración, Plus Ultra incorporó un préstamo participativo de 6,3 millones de euros concedido por Panacorp, empresa radicada en Panamá, paraíso fiscal.
Plus Ultra destinará dinero a PDVSA
Este martes, Vozpópuli informa de que Plus Ultra destinará 6,1 millones de euros del rescate del Gobierno español a pagar a la petrolera de Venezuela, PDVSA. La aerolínea informó a Daiwa Corporate Advisory, asesor financiero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de su intención de hacer frente a su deuda este mismo año, en 2021.
El pago de esta deuda representa el 12% de los 53 millones que ha recibido de la SEPI con la petrolera controlada por el Ejecutivo de Nicolás Maduro. La pública PDVSA es dueña de todas las reservas petrolíferas del país caribeño e históricamente ha sido el mayor foco de corrupción del chavismo
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