Jordi Turull será investido esta tarde como 'el presidente 131' de la Generalitat. Un día después, el recién proclamado puede ir a prisión. Así lo ha querido Carles Puigdemont en su apuesta permanente por retar al Estado, desafiar a la Justicia y plantarle cara al Supremo.
Tras una jornada de tensiones, carreras y aceleraciones, el presidente del Parlament, luego de llevar a cabo una inédita rueda de consultas telefónicas con los grupos parlamentarios, decidió convocar para este jueves un pleno de investidura extraordinario. Se trata de adelantarse a la cita que el candidato, Jordi Turull, tiene con el juez Llarena este próximo viernes.
De esta forma, será un presidente electo y no un mero diputado quien sea enviado a prisión, si es el caso. Dosis elefantiásicas de apoteosis del victimismo. En Moncloa estaban sorprendidos por la jugada del expresidente prófugo, un nuevo regate para eludir la vía de la normalización institucional.
El juez Llarena ha convocado a seis de los principales responsables del 1-O para comuicarles el auto de procesamiento. En esa vista, a la que están citados Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Marta Rovira, se decidirá si han de actualizarse las medidas cautelares que pesan sobre ellos y si es preciso modificarlas. Es decir, que se les podría enviar directamente a prisión.
Medidas cautelares
Para que el magistrado adopte tal decisión algunas de las partes, es decir, la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la acusación particular, es decir, Vox, deberán solicitar el encarcelamiento. El juez no puede llevarlo a efecto si no hay una demanda previa. Cabe pensar que, al menos por parte de Vox, se solicite tal medida. Entonces, Llarena actuará de acuerdo con su criterio.
Ante la posibilidad de que Turull sea enviado a Estremera, los independentistas se movieron con enorme velocidad. Turull se presentaría en el Supremo convertido ya en 'president'. No sería más que un 'president' electo, porque no habría podido tomar posesión, o al menos eso se supone.
Un reto al juez, una auténtica provocación, comentan en fuentes del Gobierno central. "La decisión menoscaba la dignidad de la institución al actual con precipitación y falta de transparencia en contra del interés de los ciudadanos", decía en un comunicado y añadía que "el 155 seguirá en vigor hasta que no tome posesión el nuevo gobierno".
ERC no estaba de acuerdo con esta posibilidad. Oriol Junqueras reclamaba este miércoles la necesidad de formar un gobierno 'efectivo'. No parece que vaya a ser el caso, salvo si Llarena decide no enviar a Turull a presidio. Los republicanos apostaban por un candidato 'limpio', quizás Elsa Artadi. Puigdemont, con el respaldo de la CUP, ha optado por la vía de la confrontación, el camino más largo, y por ahora imposible, hacia la salida al embrollo institucional que paraliza a Cataluña desde hace ya tres meses.
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