El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha admitido que la resolución sobre la declaración unilateral de independencia (DUI) que el Parlament aprobó el 27 de octubre de 2017 fue una "expresión de voluntad política" que encajaba con el "sentir mayoritario del pueblo catalán". Y ha negado que desde la Generalitat se ordenara a los Mossos d'Esquadra ignorar el mandato del Tribunal Constitucional de impedir el referéndum.
El exconseller ha respondido este martes al interrogatorio del fiscal Jaime Moreno, quien insistió en preguntar si la DUI era una declaración de independencia. "¿No era meramente formal?", le ha insistido. A lo que el acusado ha asegurado que "al margen de las disquisiciones jurídico-parlamentarias", la resolución de la DUI "es la expresión de una voluntad política que encaja con el sentir mayoritario del pueblo catalán".
Turull se ha apegado a la versión del exconseller de Interior Joaquim Forn y ha admitido que el 6 de octubre de 2017, días después de la consulta, él mismo, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva, pidieron trasladar al Parlament los resultados del referéndum del 1-O.
En casi cuatro horas de declaración, ha cargado contra el Estado español y contra el Ministerio Público; ha acusado a la CUP de empujar -con su reprobación a los Presupuestos en septiembre de 2016- a los líderes del procés a celebrar el referéndum independentista; y ha negado conocer el informe de Enfocats o la agenda Moleskine que le fue confiscada al secretario Josep Maria Jové.
Las penas
Turull ha sido el tercero de los 12 acusados en la causa del procés en declarar ante el juez por su supuesta participación en el diseño del referéndum ilegal del 1-O. Y ha aceptado, al igual que el que fuera titular de Interior en Cataluña Joaquim Forn, responder a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El exconseller de Presidencia de Carles Puigdemont ha sido citado este martes para explicar su presunta participación en el diseño del plan del proceso independentista. La Fiscalía le acusa de autorizar a los diferentes departamentos del Govern a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum ilegal del 1-O. En su escrito de acusación, los fiscales piden para él 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos.
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