El pasado 18 de abril, dos días después de que Begoña Gómez conociera que había sido imputada por el juez Peinado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) publicó el pliego del concurso de una póliza de Responsabilidad Civil (RC) para el rector y personal directivo.
La condición de imputada de la mujer del presidente del Gobierno no trascendió hasta el pasado 28 de mayo, cuando se hizo pública la citación a declarar el próximo 5 de julio de Gómez, día en el que finalmente coincidirá con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que en su caso lo hará en calidad de testigo.
Esta póliza salió a concurso en medio de una de las mayores crisis de reputación que ha vivido la universidad pública madrileña y cuando el seguro anterior, de Marsh, iba a vencer el 30 de junio.
La polémica que envuelve a la UCM y a Goyache por la Cátedra que dirige Begoña Gómez coincide ahora mismo con otro caso que afecta al recién elegido rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado.
Otra universidad que ha estado en el centro de la polémica ha sido la Rey Juan Carlos, que ha afrontado varios escándalos desde 2012, y que ahora ha vuelto a verse envuelta en un caso protagonizado por Carlos Barrabés, gurú de la Cátedra de la UCM que dirige Begoña Gómez.
"Las Universidades han seguido una tendencia a contratar productos especializados para su personal directivo (rector, vicerrectores, secretario general, gerentes, interventores, decanos, vicedecanos, etc.), por haber en general una mayor exposición a reclamaciones que la que se presenciaba hace unos años, como demuestran las hemerotecas", trasladan abogados especializados en Seguros a los que ha consultado Vozpópuli.
"En las universidades ha habido una tendencia a especializar con un producto específico, la responsabilidad de los directivos", añaden.
En el pasado, la póliza de RC general de las Universidades ya cubría esto. Aún se pueden ver ejemplos, como el de la Universidad de Alcalá de Henares, de Generali, que incluye en sus distintas coberturas la consideración de asegurado del personal directivo de la Universidad.
Contratar el seguro de forma aislada es ahora moneda de cambio común. Por ejemplo, la Universidad de Burgos.
La póliza de la UCM tiene un límite de indemnización de seis millones de euros por reclamación y año. Cubre al rector, vicerrectores, secretario General, gerente, vicegerentes, interventor, decanos o directores de Centro y gerentes de Centro.
Los expertos consultados trasladan que es una póliza "muy estándar de administradores y directivos. La cobertura y la prima potencial máxima pueden ser más altas que otras Universidades, tal vez, pero hay que atender a que estamos ante una Universidad mucho más grande, en número de alumnos, campus, etc.", explican.
Cártel de autocitas
El rector de la Universidad de Salamanca ha llegado al cargo entre ataques de profesores y excolaboradores, bajo vigilancia del Ministerio de Ciencia y el escrutinio de los medios.
Se le acusa de organizar un cártel de citas a sí mismo y exigir durante años a sus trabajadores que le citasen hasta 20 veces en cada estudio.
Corchado fue elegido rector el 7 de mayo en unos comicios sin más candidatos después de que Ricardo Rivero dimitiera en marzo entre acusaciones de nepotismos con su mujer y rifirrafes con Vox, partido que cogobierna en Castilla y León.
La Universidad Rey Juan Carlos ha sufrido varias crisis reputacionales por contrataciones irregulares en los años de la crisis financiera y por acusaciones de plagio en 2016 a Fernando Suárez, entonces rector.
Suárez no dimitió y convocó elecciones anticipadas, porque aseguró no haber incurrido en plagio. En el seno del Consejo de Gobierno hubo una mayoría de intervenciones apoyando la labor de gestión del rector e incluso "aplausos" cuando Suárez terminó su intervención sobre el informe, donde negó "absolutamente" el plagio.
En febrero de 2017, Javier Ramos se hacía con el sillón de rector para cambiar la imagen de la URJC. Pues bien, un año más tarde, en marzo de 2018 estallaba el caso del Máster de Cristina Cifuentes, y en septiembre, el de la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón. En abril también saltó a los medios el Máster de Pablo Casado.
La URJC ha vuelto estar envuelta en la polémica por un concurso a medida para que Barrabés obtuviera un contrato de cuatro millones de euros financiado con fondos europeos en 2023.
Este negocio se fraguó tras la recepción de 12 millones de euros de fondos europeos a la Asociación del Deporte Español (Adesp) para la formación de "capacidades digitales" a 6.000 alumnos en el marco del Plan de Recuperación.
Según desveló The Objective, este organismo, que agrupa a las federaciones deportivas, pactó con la universidad pública un curso para formar a 3.000 deportistas y gestores deportivos por un montante total de seis millones. El mismo debía ser impartido por una de las empresas de Barrabés –que obtendría cuatro millones– en colaboración con la Rey Juan Carlos, que se llevaría 950.000 euros.
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