Nuevas informaciones sobre la trama Koldo sobre la venta de mascarillas investigada por la Audiencia Nacional relacionan al Gobierno canario con "irregularidades en la contratación pública de empresas suministradoras de material sanitario". Así consta en un informe de la Policía Policial de la Guardia Civil en el que se detalla las condiciones contractuales existentes en al menos tres contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud.
La UCO apunta que el Ejecutivo del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, modificó los contratos de la trama Koldo "para dar cobertura justificativa" a la compra de las mascarillas de la trama investigada. El informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, pone el foco en la "justificación de por qué se decidió contratar con Soluciones de Gestión", así como en la opacidad que rodea a las condiciones de dicho contrato.
Según el escrito, el Gobierno autonómico adjudicó un contrato por un valor de casi 5 millones de euros para la adquisición de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama. La Guardia Civil describe que una partida de esas mascarillas habría sido defectuosa y que, posteriormente, se confeccionaron otros contratos "para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente".
De esta manera, "no se justificaría" dicha operación al no existir ningún documento que refleje dicho acuerdo entre la Administración y la empresa adjudicataria. Esta operación se cerró por un valor de 6.875.000 euros por un pedido de 2.500.000 mascarillas, pero finalmente se facturaron más de tres millones de tapabocas por un importe de casi 5.000 euros menos, "sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia" ni de la modificación del acuerdo inicial.
Se desconoce cómo Torres pactó las adjudicaciones
La Guardia Civil señala la existencia de supuestas irregularidades en varios de los contratos adjudicados por el Ejecutivo de Torres, y al hecho de que "se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato". En este caso, no se han aportado las comunicaciones entre el órgano público y Soluciones de Gestión, ni tampoco se ha acreditado cómo y de qué manera se gestionó el suministro de las mascarillas.
Asimismo, el Gobierno canario tras la detección de irregularidades en una de las partidas de mascarillas, no especificó el importe final que se abonó finalmente para compensar dichas incidencias. Según explica la Guardia Civil en su oficio, las mascarillas reflejadas en el acuerdo que figura en la web de contratación pública "no concuerda ni con las actas de entrega ni con la factura proforma" presentada por la entidad afincada en Zaragoza.
Igualmente, la documentación aportada por el Servicio Canario de Salud acredita que había mascarillas que no eran aptas para su uso como FFP2. Por tanto, el procedimiento a seguir, al igual que ya se hizo en otros contratos en los que se detectaron incidencias de este calibre -y señala la UCO-, habría que haber realizado una valoración de precios u otras medidas compensatorias para la Administración, cosa que no se hizo.
La mano de Ábalos como seleccionador de la empresa proveedora de mascarillas
Sobre la elección de Soluciones de Gestión como proveedor a pesar de su falta de experiencia en operaciones como suministrador de material de protección sanitario, de este informe se desprende que fue el Ministerio de Ábalos el que acordó las adjudicaciones. Según apuntó el Subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras, la relación entre la Administración y la empresa proveedora "surge tras adherirse a las empresas con las que el Ministerio de Fomento estaba contratando".
En concreto, el Ministerio del Interior, que tenía problemas para la compra de mascarillas, contactó con el órgano dirigido por ex secretario de Organización del PSOE para abastecerse de material sanitario, ya que el ministerio contaba con una línea de compra. Ábalos era quien acordaba el suministro del material y, posteriormente, Marlaska se hacía cargo del coste del mismo.
Así pues, la empresa clave de esta trama se adjudicó hasta un total de nueve contratos con la Administración por los que obtuvo ingresos superiores a los 54 millones de euros. Los primeros contratos de Soluciones de Gestión fueron con Transportes y, tras ellos, le siguió el Ministerio del Interior, Canarias y el Gobierno de Baleares que presidía Francina Armengol. También formó parte de un megacontrato del Ministerio de Sanidad por importe superior a los 2.500 millones de euros.
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