Tuvieron su particular momento de auge en los medios de comunicación con cada desalojo de un edificio okupado. Pero desde su surgimiento en 2014 al calor de la crisis económica nunca se atrevían a dar el salto a la política. Era la fase de "creación de tejido social", dice ahora su líder y presidenta, Melisa Domínguez Ruiz. Pero en los últimos tiempos, han quedado en parte eclipsados en el extremo derecho del espectro político, sobre todo a raíz del auge de Vox.
Ahora, sin embargo, quieren intentar dar el salto a las instituciones y se han inscrito como partido político en el Ministerio del Interior. Sin embargo, su caladero de votantes no está únicamente en la formación de Santiago Abascal. Sino que su líder define la organización como una "simbiosis extraña" entre "el orgullo de ser español y patriota" que Vox lleva por bandera y la "defensa de las luchas sociales que tradicionalmente ha monopolizado la izquierda y Podemos en los últimos años".
De hecho, no comparten en absoluto la visión liberal de la economía que tienen los de Abascal, sino que se inclinan más por los postulados intervencionistas, estatalistas y de banca pública que defienden los morados. Eso si, no transigen con el discurso integrador de los inmigrantes y los refugiados. Ese es su particular caballo de batalla sobre el que construyen su proyecto político. El cierre de fronteras y la lucha contra la multiculturalidad. Aunque la parte económica del programa será "potente".
"Los españoles primero" o "ayudas sociales para los nacionales" son los lemas que guían a este grupo que se ha extendido con particular fuerza en Granada, donde está su domicilio social. En Madrid llevan okupando edificios desde sus inicios -la antigua sede del No-Do o el antiguo Banco Madrid (en la Plaza de Colón)-, aunque ahora intentan conseguir fondos para alquilar una sede que les permita seguir dando cobijo a las quince personas que acogen.
Si no recaudan el dinero, seguirán okupando, dice Domínguez. Se trata de un delito leve de usurpación que no les acarrearía mayor problema. Aunque se queja de que desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa, los desalojos se han acelerado y se producen en menos de un mes.
La organización dejó atrás cualquier relación con la simbología franquista y no se identifican con la imagen "del tradicional empresario con la pulsera de España". En este sentido, aseguran que dotarse de personalidad jurídica al constituirse como partido les permitirá querellarse contra todos aquellos que les tilden de fascistas o neonazis.
Domínguez asegura que se enteraron a través de eldiario.es de su aceptación como partido por parte del Interior y afirma no haber recibido todavía notificación oficial alguna. Así que ahora quieren reservarse el control de los tiempos para desvelar a qué elecciones quieren concurrir. Su particular implantación en Madrid y en Granada permite adivinar por dónde pueden ir sus intenciones. Y Europa, donde dieron el salto los líderes de Podemos en 2014, es el trampolín natural para lanzar el proyecto inspirado en el movimiento italiano Casa Pound, que basaba su programa en el derecho a la vivienda, el trabajo para todos los ciudadanos y el rechazo a la inmigración.
A parte de Domínguez, el nombre del resto de integrantes del partido se mantiene en secreto. No ofrecen nombres de quién ocupa los cargos de secretario general, tesorero, asesoría jurídica o quiénes se hacen cargo de las vicesecretarías de acción social o política. Tampoco facilitan los estatutos que, en todo caso, deberán ser modificados a posteriori en el régimen interno.
La principal incógnita es el futuro que le espera a su líder, por los cargos de incitación al odio que pesan sobre ella a consecuencia del ataque a la mezquita de la M-30 en marzo de 2016. Domínguez, madre de un niño, considera que se trata de "un juicio político al 100%". La acusación popular pide cinco años de cárcel para ella mientras la Fiscalía rebaja la petición de pena a tres años. "Lo recurriremos hasta donde haga falta", concluye.
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