La imagen del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha quedado seriamente dañada dentro del independentismo. Sus vaivenes en los momentos más delicados del procés han terminado por agotar su crédito político para pilotar la desconexión en la recta final, esto es, en el desarrollo de la Ley de transitoriedad. Sobrepasado por las circunstancias, sus vacilaciones causaron estupor a propios y extraños. Los corresponsales extranjeros, estupefactos, no entendían tantos rodeos.
En un pasaje de las tensas negociaciones de este jueves, cuando cobraba más fuerza la convocatoria de elecciones anticipadas, Puigdemont llegó a ofrecer la presidencia de la Generalitat, según fuentes soberanistas, al vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras. Sin embargo, relatan las mismas fuentes, éste la rechazó para no ser inhabilitado en caso de declaración unilateral de independencia (DUI). Entonces, Puigdemont aparcó la llamada a las urnas, con el argumento de no tener "suficientes garantías" del Gobierno para la paralización del artículo 155, y depositó en el Parlament la responsabilidad de proclamar la "República catalana".
El president jugó con la convocatoria de elecciones para pedir al Gobierno -vía mediación del lehendakari, Íñigo Urkullu, y del líder del PSC, Miquel Iceta- que, a cambio, le garantizara inmunidad judicial y la puesta en libertad de los jefes de la ANC y Òmniun, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Pero el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy no cedió al chantaje.
En este contexto, la dimisión de Puigdemont sobrevoló las continuas reuniones de vértigo que se celebraron en el Palau de la Generalitat. Sobre todo, a raíz de que ERC, con Junqueras al frente, amenazara con que saldría del Govern si el president convocaba elecciones (la fecha del 20 de diciembre fue la opción más barajada). No obstante, semejante órdago de los republicanos ha dejado muy tocada la relación entre PDCat y ERC (Junts Pel Sí), hasta el punto de que ambas formaciones ya no irían juntas a otra cita electoral en Cataluña.
Todo ello estuvo detrás del sainete de la comparecencia institucional de Puigdemont y los sucesivos amagos de anuncios de elecciones. Con cada aplazamiento (primero de las 13.30 a las 14.30 horas y luego de las 14.30 a las 17 horas), el presidente de la Generalitat no fue sino generando desconfianza entre los independentistas e incertidumbre en las fuerzas constitucionalistas y en los mercados. Hasta dos de sus diputados (Albert Batalla y Jordi Cuminal) llegaron a decir que dejaban el escaño y la militancia en el PDCat. Pero no lo hicieron. El que sí formalizó su dimisión anoche fue el conseller de Empresa, Santi Vila, contrario a que sea levantada la suspensión de la DUI anunciada el pasado 10 de octubre.
Con cada aplazamiento, el 'president' no fue sino generando desconfianza entre los independentistas e incertidumbre en las fuerzas constitucionalistas y en los mercados
Cuando se supo que Puigdemont había trasmitido a los suyos que estaba dispuesto a convocar elecciones, los independentistas más radicales no tardaron en llamarle "traidor", agolpándose a las puertas del Palau como medida de presión. "155 monedas de plata", escribió el diputado de ERC Gabriel Rufián en Twitter. "A todos los que se partieron la cara y han puesto horas y corazón en la República. Al 1-O. Nos han robado en un despacho lo ganado en las urnas", manifestó Antonio Baños, exlíder la CUP en el Parlament.
Esta muestra de la indecisión que caracteriza a Puigdemont no ha sido la única en los últimos días. El pasado martes, sus senadores del PDCat afirmaron que el presidente catalán tenía intención de acudir al Senado a defender sus alegaciones frente al requerimiento del 155 formulado por el Gobierno de Rajoy. Para entonces, Puigdemont ya sabía que Moncloa iría adelante con esta medida excepcional aunque él convocara elecciones anticipadas. Lo dijo el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, en los micrófonos de RNE: "Con una convocatoria de elecciones no es como se arreglan las cosas". El Ejecutivo sólo dejaría en un cajón el 155, tras su aprobación por el Senado, en el supuesto de elecciones. Pero siempre con la posibilidad de activarlo en caso de flagrante incumplimiento de la ley por parte de los secesionistas, por ejemplo, durante la organización y celebración de esos eventuales comicios autonómicos.
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