Moncloa se vio este viernes obligada a rectificar o, al menos, dejar en el aire la decisión del Ministerio de Defensa de cancelar la venta de 400 bombas de precisión del Ejército a Arabia Saudi. España mantiene una estrecha relación comercial con Riad. No en vano, supone el quinto importador de armas de nuestro país (270 millones de euros en 2017, el 6,2% de las exportaciones militares).
La decisión del departamento de Margarita Robles, avanzada el pasado lunes por la Cadena Ser y confirmada un día después por fuentes oficiales del Ministerio, contemplaba la devolución de los 9,2 millones de euros pagados ya por Arabia a cambio de este material. Lo cual supone anular el contrato firmado entre España y el país del Golfo en enero de 2015, cuando Pedro Morenés ostentaba la cartera del Ministerio.
Pero la cancelación de esta pequeña partida -que sólo representa el 1,5% del volumen de armas que España exporta a Arabia- ha levantado una polvareda considerable a nivel político, social e incluso diplomático. Los trabajadores de los astilleros de Cádiz se echaron a las calles ante el temor de que Arabia pueda poner fin al megacontrato de 1.813 millones de euros firmado con la empresa pública Navantia para construir cinco corbetas militares en las instalaciones de la bahía. Hasta el Comité de Empresa llegaron informaciones advirtiendo del malestar que el anuncio de Defensa causó en Riad.
Asimismo, la presidenta andaluza Susana Díaz exigió una solución inmediata para garantizar y mantener los 6.000 contratos que están en juego. Sobre todo a las puertas de un posible adelanto electoral tras la ruptura del pacto de investidura por parte de Ciudadanos.
Con el fin de apagar el último incendio de Sánchez, fuentes de la Moncloa apuntaron tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros que la decisión de Defensa no era más que "una declaración de intenciones" que aún no se había "formalizado". Minutos antes, la portavoz del Gobierno Isabel Celaá había anunciado que una comisión interministerial formada por Asuntos Exteriores, Defensa, Industria e Interior buscará una salida "intermedia". Lo cual puede suponer que la venta continúe como estaba previsto. "No creo que exista una crisis diplomática, puede haber un intercambio de opinión y puede haber habido alguna discrepancia que yo creo que se resolverá", dijo en relación al malestar de Riad.
Según varias fuentes consultadas por Vozpópuli, la decisión de la titular de Defensa se habría tomado sin consultar al Ministerio de Industria ni al departamento que tiene la decisión final sobre las exportaciones de armas; la Secretaría de Estado de Comercio. Precisamente, su titular, Xiana Méndez, comparecía este mismo viernes ante el Congreso de los Diputados para explicar el informe de venta de armas de 2017 (de la etapa del PP). Méndez se remitió en todo momento a lo trasladado por de Defensa y se limitó a asegurar que el contrato de las corbetas "sigue en marcha".
La nueva secretaria de Estado tuvo que capear el temporal en sede parlamentaria. Desde el PP acusaron al Gobierno de poner fin al acuerdo con Riad guiados por criterios "ideológicos". "¿Han valorado el coste económico, de credibilidad internacional y de seguridad jurídica que supone para España romper un contrato de Estado a Estado?", inquiría el portavoz popular Jesús Postigo. Desde Ciudadanos, Francisco Javier Cano, puso el foco en las consecuencias sobre el empleo que puede tener la anulación del contrato para construir los buques.
Desde el grupo confederal de Unidos Podemos valoraron positivamente el gesto del Gobierno, aunque avisaban antes de conocer que el Gobierno reculaba. "Esperamos que no sea una maniobra electoralista. Quizás ellos no sabían la repercusión que podía tener esto", expresaba en declaraciones a este diario la diputada Carmen Valido. Por su parte, Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos por Cádiz, pedía "una verdadera reindustrialización de los astilleros" y no poner el foco en las corbetas.
La portavoz de ERC, Ana María Surra, pedía cancelar cualquier venta de armas a Arabia y Enric Bataller (Compromís), preguntaba si el Ejecutivo de Sánchez puede garantizar que los buques que salgan de los astilleros de Navantia no van a ser empleados para bombardear poblaciones costeras de Yemen.
Precisamente, la titular de Comercio preside la Junta Interministerial reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), que integran varios departamentos del Ejecutivo (Defensa, Industria, Exteriores, Interior...). El paquete de 400 bombas estaría preparado desde hace semanas para su envío a Arabia Saudí. Pero tras la reunión de Robles con asociaciones y ONG que piden detener la exportación de ventas ante el riesgo de que se utilicen en el conflicto abierto en Yemen, llevó a la ministra a querer frenar esta venta.
