El comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguró en mayo 2017 en una denuncia que interpuso en la Audiencia Nacional que tenía documentos que probaban el supuesto "uso de informes del Sepblac para chantajear a enemigos políticos", según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Precisamente, un dossier del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac), entonces dependiente del Ministerio de Economía, estuvo en el origen del arresto del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato.
La detención de Rodrigo Rato por agentes de Vigilancia Aduanera provocó cierto malestar entre el cuerpo de inspectores de Hacienda destinados en la Agencia Tributaria, que son los que habitualmente tramitan los expedientes de delito fiscal, que llegaron a calificar el procedimiento seguido contra el expresidente de Bankia como "absolutamente excepcional".
Cristóbal Montoro
El arresto se llevó a cabo después de que Vozpópuli adelantara que Rato había sido una de las personalidades que se benefició de la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy, en la que era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Montoro fue durante su etapa en el Ejecutivo del PP una de las personas de la máxima confianza de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Y precisamente Villarejo aludió en una denuncia que interpuso en mayo de 2015 ante el Juzgado Decano de Madrid a presuntas irregularidades que el comisario atribuía al equipo de Sáenz de Santamaría.
En concreto, la denuncia de 2015, que fue archivada, explicaba que un año antes Villarejo había comunicado a sus superiores "una información relativa al pago por parte del Centro Nacional de Investigación (CNI) del rescate de 6 millones de euros, a cambio de la liberación de dos periodistas españoles secuestrados en Siria y que se abonaron con fondos reservados".
Sáenz de Santamaría
En el documento, Villarejo insinuaba que la entonces jefa de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, María Pico, estaba relacionada con "un grupo delincuencial" formado por agentes del CNI, a los que acusó de quedarse con una parte de los fondos reservados que se utilizaron para pagar los rescates de periodistas secuestrados.
En la denuncia presentada por Villarejo en 2017, también se habla del "pago ilegal a terroristas para liberar a secuestrados nacionales", así como a la "pérdida de fondos reservados en pagos sin justificar".
Villarejo aludía, de forma textual, al papel que podría haber desempeñado la exvicepresidenta: "Aunque los miembros del CNI dicen haber actuado bajo la dirección de la jefa de gabinete de la vicepresidenta de Gobierno, María Pico, de quien creen que actúa en nombre de su jefa, no puedo incluirla como miembro de este grupo delincuencial, por no poder probar fehacientemente su participación".
Villarejo denunció, además, que el cumplimiento estricto de su deber como policía le había hecho sufrir represalias por parte del director del CNI, Félix Sanz Roldán, y de otros colaboradores, "incluidos policías". En concreto, Villarejo relató que se habían "fabricado” pruebas falsas para implicarle en los casos del 'Pequeño Nicolás', 'Emperador', 'Prima' y 'Pinto'.
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