El comisario jubilado José Manuel Villarejo ya amenazó en mayo de 2017 con facilitar datos en la Audiencia Nacional sobre la existencia de un "prostíbulo chino", situado cerca del Congreso de los Diputados, "para espiar a políticos clientes", según consta en un documento judicial, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Villarejo, que está en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una organización criminal, aseguraba en el escrito que aportaría documentación de todo, "para acreditar tales antecedentes", especificaba, que según la Fiscalía encabezó "un clan policial mafioso" que "infectó" a la Policía durante décadas.
En los audios publicados este jueves por el diario digital Moncloa.com se refleja una conversación privada en la que se constata que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tuvo conocimiento de que el comisario Villarejo creó antes de 2009 una "agencia modelos" que tenía como objetivo obtener información de políticos y empresarios. La confesión se la hizo el polémico mando policial, ya jubilado, durante la comida del restaurante Rianxo.
Espionaje a políticos
En la denuncia de 2017, Villarejo también se ofrecía a aportar más datos y documentos sobre otros casos en los que supuestamente se habrían espiado a políticos, siempre según la versión del excomisario, cuya denuncia fue archivada por la Audiencia Nacional, que le impuso el pago de las costas.
Villarejo, en prisión provisional, también advirtió que tenía información sobre el "uso de la Policía bajo control del CNI para labores políticas" y sobre la "filtración de la conversación del Ministro del Interior".
En este último punto, se refería presuntamente a la filtración de la grabación de una conversación celebrada en el Ministerio del Interior entre el entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.
Falsa intérprete
Las irregularidades conocidas supuestamente por Villarejo aludían al "uso de una falsa intérprete para sustraer documentación de la Comisaría General de Información" y la "siembra de datos falsos sobre terroristas inexistentes tanto en los Mossos D'Esquadra como en otras instituciones policiales para aparentar eficacia fingida".
Otro supuesto procedimiento judicial sobre el que Villarejo se ofrecía a aportar documentos era el 'caso Emperador', sobre una presunta mafia china encabezada por el empresario Gao Ping. En concreto, aludía al "uso de pruebas falsas para destituir al comisario de Barajas", en referencia al excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, Carlos Salamanca, que en un principio fue detenido en el 'caso Tándem'.
Sin embargo, el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Diego de Egea, acabó archivando la acusación contra Carlos Salamanca. La Fiscalía recurrió la decisión del juez, cuyo archivo está pendiente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Represalias
Villarejo sostenía en la denuncia de 2017 que el cumplimiento estricto de su deber como policía le llevó a sufrir represalias por parte del director del CNI, Félix Sanz Roldán, y de otros colaboradores afines suyos, incluidos policías.
"El director del CNI cree que soy un policía peligroso porque pongo en riesgo la seguridad del Estado, cuando lo único que he realizado durante toda mi trayectoria profesional ha sido cumplir con mi deber y, cuando se ha dado el caso, denunciar debidamente las conductas desviadas de ciertos miembros del CNI", completaba Villarejo en el documento judicial.
Una mentira
La investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, y los escritos del propio Villarejo, prueban que Villarejo mentía cuando rechazaba haber puesto en riesgo las instituciones del Estado.
El propio instructor del 'caso Tándem' ha reprochado al agente que no haya colaborado para proteger la seguridad del Estado, según consta en una providencia de 3 de septiembre a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Pese a las repetidas manifestaciones en orden al riesgo que implicaría el acceso a dichos dispositivos, y pese a los sucesivos requerimientos por parte del juzgado en orden a determinar cual es el riesgo implícito en dichas diligencias [...], no se ha facilitado la colaboración requerida por el juzgado", especifica la resolución que rechazaba así la petición de Villarejo de que no se utilizaran los audios que había grabado en sus conversaciones privadas porque, según reconoce ahora, sí ponen en peligro al Estado.
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