El magistrado Diego de Egea, que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Tándem' sobre una presunta mafia policial encabezada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha reprochado al agente que no colabore para proteger la seguridad del Estado, según consta en una providencia de 3 de septiembre a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Pese a las repetidas manifestaciones en orden al riesgo que implicaría el acceso a dichos dispositivos, y pese a los sucesivos requerimientos por parte del juzgado en orden a determinar cual es el riesgo implícito en dichas diligencias y concretamente cuales debieran de ser los archivos que debieran de ser excluidos del procedimiento y las razones para ello, no se ha facilitado hasta el día de hoy la colaboración requerida por el juzgado", especifica la resolución.
Además, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, prosigue su crítica a la actuación de la representación legal de Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, asegurando que la información facilitada por el excomisario sobre el contenido de sus grabaciones se limita "a una referencia genérica a los peligros intrínsecos por su condición de colaborador con las instituciones del Estado", pero que no indica a qué problemas se refiere, según consta en la resolución de 3 de septiembre.
Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito dirigido al juez De Egea el 14 de agosto, en el que reclamaba que no se levantara el secreto de sumario de la causa, ya recordaba que en su declaración como imputado de 2 de agosto en la pieza 'Pintor', "Villarejo no solamente se acogió a su derecho a no declarar, sino que manifestó su futura voluntad de no declarar más veces en el procedimiento, pidiendo incluso no ser trasladado para ello a la sede de la Audiencia Nacional".
Evidencias digitales
El juez reacciona de esta forma crítica después de que el abogado de Villarejo reclamara la expulsión del procedimiento, "por su invalidez" de todas las evidencias digitales intervenidas en sus domicilios de Boadilla del Monte (Madrid) y Estepona (Málaga).
Sin embargo, el instructor rechaza eliminar las grabaciones de Villarejo del sumario, y confirma sus resoluciones anteriores en las que autorizaba el acceso a los dispositivos informáticos del excomisario, habida cuenta de que ya había establecido los protocolos y cautelas que deben adoptar los policías y fiscales para preservar la privacidad de las personas.
"Y en su caso el tratamiento que debiera darse si existieran indicios de información legalmente clasificada relativa a la defensa o a la seguridad nacional", completa la providencia de 3 de septiembre.
"Ingente documentación"
Por su parte, Anticorrupción rechaza la petición de Villarejo, ya que pretende seguir investigando la "ingente documentación" y soportes informáticos incautados, que tienen que ser examinados, y cuyo análisis provisional viene proporcionando nuevas líneas de investigación, explica el mencionado escrito de la Fiscalía de 14 de agosto.
Así, el ministerio público no quiere que se levante el secreto de sumario porque, según su opinión, esta decisión permitiría en la práctica que las defensas de los investigados tengan acceso, "al mismo tiempo que los investigadores, a la ingente documentación tanto en soporte papel como en soportes informáticos incautados en el curso de las diligencias de entradas y registros practicados al comienzo de la investigación, que en buena parte se encuentran aún pendientes de analizar".
Advertencia a clientes
Y esta situación frustraría, siempre según la Fiscalía, toda la investigación pendiente: "El conocimiento simultáneo por las partes de estas fuentes de prueba supondrá la posibilidad cierta de advertencia previa a otros partícipes en los hechos, como son otros clientes que hubieran podido contratar y abonar los servicios del Grupo Cenyt, cuando el investigado José Manuel Villarejo se encontraba en activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)", completa el ministerio público.
Unos clientes, según Anticorrupción, que ya están siendo identificados: "Así como algunas fuentes documentales aisladas que acreditan el desarrollo de otros 'proyectos', y que, como en los casos que ya han permitido la imputación judicial de la comisión de nuevos delitos, requieren un estudio exhaustivo y contextualizado de toda la documentación a medida que se va pudiendo acceder a ella", resalta el Ministerio Fiscal.
La última investigación conocida es la denominada pieza separada Pit sobre la extradición a Guatemala del empresario español Ángel Pérez-Maura, adelantada por El Confidencial, y la supuesta participación del juez Baltasar Garzón.
Pero el escrito de agosto de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano destaca un hecho concreto, de gran importancia, que es que en varios casos la documentación en soporte digital que Villarejo quiere apartar de la causa se encuentra aún encriptada: "Dato nada desdeñable, por cuanto el acceso a la misma por los propios investigados les permitiría fácilmente su apertura y destrucción", completan los funcionarios públicos.
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