La supresión del voto rogado podría hacerse realidad antes de las elecciones autonómicas y europeas del 26 de mayo. PSOE y Unidos Podemos cierran los flecos de una proposición de Ley para eliminar de forma exprés el sistema aprobado en 2011 y que convierte el derecho electoral de los residentes en el extranjero en una verdadera carrera de obstáculos. La norma hizo caer la participación electoral de un 30-40% a apenas un 5%.
Para que la iniciativa prospere antes de los próximos comicios necesitará el apoyo de Ciudadanos, que mantiene dudas acerca de la propuesta del Gobierno que trabaja en la subcomisión del Congreso creada para la reforma de la norma. Los de Albert Rivera se muestran dispuestos a acabar con el voto rogado cuanto antes, aunque mantienen dudas sobre varios aspectos como la identificación del votante para evitar fraudes o la papeleta en blanco que proponen los socialistas. Extremos que, en su opinión, debería acabar resolviendo la Junta Electoral Central.
Los populares, por su parte, llevan meses ralentizando los trabajos de la subcomisión que preside Jesús Posada y este miércoles finalmente se decidieron a presentar una propuesta alternativa. Los socialistas mantienen sus recelos por no poder sumar a los de Pablo Casado a una reforma que afecta a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Sin embargo, la supresión del voto rogado es casi un compromiso personal del presidente Pedro Sánchez, y un acuerdo adquirido con sus socios de Unidos Podemos. Dado que se trata de un cambio marginal que no afecta al núcleo de la Ley Electoral (no cambia asignación de escaños u otros aspectos clave) y que es posible sumar una mayoría suficiente en la Cámara Baja, los socialistas están casi convencidos de seguir adelante con la iniciativa.
El plan es registrarla cuanto antes para que la Mesa del Congreso tenga tiempo para calificarla y el Pleno la pueda admitir a trámite en la última semana de febrero. Después, los grupos proponentes solicitarán que se tramite por el procedimiento de urgencia y de lectura única, con el fin de que vea la luz antes de la fecha límite del 2 de abril. Ciudadanos, en todo caso, tiene la llave para que el PP no bloquee el trámite en el órgano de gobierno de la Cámara, donde ambos suman mayoría.
La iniciativa aportada por los populares no convence a los socialistas, pues consideran que el "certificado acreditativo de personalidad" supone mantener de facto el ruego del voto. El PP también plantea ampliar a 1.000 los lugares en los que ejercer el sufragio y que no sólo se ejerza en embajadas y consulados. También quieren que la documentación se envíe por valija diplomática y no por correo ordinario, ante el deficiente sistema postal en algunos países. En cambio, al PSOE tampoco le convence que pretendan seguir enviando las papeletas después de la proclamación de candidatos, pues consideran probado que no llegan a tiempo.
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