Vox acusa a Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el abogado del Estado, David Vilas, de delitos de prevaricación y malversación por la utilización de la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez de instrucción, Juan Carlos Peinado, que lleva la causa de Begoña Gómez. Así figura en la querella interpuesta por el partido de Santiago Abascal ante la ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, adelantada por Europa Press y a la que ha accedido Vozpópuli.
En la querella firmada por la letrada de Vox, Marta Castro, se acusa al Ejecutivo de utilizar "de forma indebida e ilícita, los recursos puestos a su disposición para el desarrollo de su función, destinándolos en interés personal y familiar para atacar a un Magistrado que investiga a su mujer y además, socavar la independencia judicial y el principio de separación de poderes".
El partido de Abascal expone que la utilización de la Abogacía del Estado para la interposición de una querella relativa a la actuación del Magistrado que instruye la causa que investiga a Begoña Gómez en la citación como testigo de Pedro Sánchez excede las funciones de representación que tiene la Abogacía del Estado.
Considera que la investigación del juez Peinado se refiere al ámbito privado de Sánchez, y no al desempeño de sus funciones como presidente: "La actuación de la Abogacía del Estado es instrumental, arbitraria e ilegal, en cuanto a que los actos investigados se enmarcan, hasta el momento presente de la investigación en el ámbito privado de Don Pedro Sánchez y no en el legítimo desempeño de sus funciones o cargos".
La argumentación de la querella señala que el propio Sánchez invocó, precisamente, la dispensa de declarar porque su cónyuge tiene la condición de procesada, "dejando a las claras que conocía que no estaba llamado como presidente del Gobierno y que los hechos sobre los que se le iba a preguntar eran ajenos a su función o cargo".
En resumen, se argumenta que el presidente está empleando recursos humanos y técnicos en esta acción judicial emprendida por la Abogacía del Estado desviando los fines de su labor, cometiendo un presunto "delito de malversación" al estar actuando en "beneficio personal del querellado principal, Señor Sánchez, y de paso de su esposa".
Este mismo jueves, el juez Peinado interroga a uno de los imputados en la causa, el empresario Carlos Barrabés, que ese benefició de las cartas de recomendación de la mujer del presidente para acceder a millones de euros en contratos públicos.
Querellas contra Bolaños y Vilas
Vox incluye en la querella al ministro de Justicia y Presidencia y al Abogado General del Estado por su "participación directa" en los presuntos delitos "a la luz de las competencias y funciones que realizan en la autorización y ejecución de la acción emprendida, colaborando de forma necesaria e inexcusable en el impuso de la querella".
Entre las diligencias solicitadas por Vox al Tribunal Supremo se encuentran el interrogatorio de los querellados; que se requiera a la Abogacía general del Estado todos los borradores de informes, notas de trabajo o servicio, correos electrónicos y mensajes de mensajería instantánea (whatsapp, signal, telegram) intercambiados a propósito de la presente querella interpuesta contra Peinado; y el desglose del coste de recursos empleados en la acción judicial emprendida.
Presiones al juez Peinado
Vox también presta especial atención en la querella a las presiones sufridas por el magistrado Juan Carlos Peinado desde el momento de la incoación de la investigación penal contra la esposa del presidente del Gobierno. La querella recoge expresiones de Bolaños refiriéndose a la “persecución cruel e inhumana” de Peinado contra Begoña Gómez.
Se recogen también perlas como la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que dijo que "la instrucción del juez Peinado es un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro". También se refieren a las palabra de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, el día que Sánchez prestó declaración en Moncloa: "Han venido a grabar un montaje".
Precisamente, la Comisión Europea reprochaba en su informe sobre el Estado de Derecho en España los ataques en declaraciones de políticos, incluido el Gobierno, contra el poder judicial y ha avisado del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias.
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