La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar una denuncia contra varios dirigentes de Vox y contra el mismo partido por vender participaciones del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2015 correspondientes a un número que en realidad no había comprado. Quiere que se determine si la formación pudo cometer un presunto delito de estafa.
De acuerdo a la denuncia, que fue revelada por Vozpópuli en noviembre del año pasado, Vox ingresó 18.100 euros por la venta de miles de décimos y estos resultaron premiados en el sorteo, pero ningún afiliado pudo cobrar porque la cúpula del partido no disponía de ellos.
Después de que el Tribunal Supremo resolviese un conflicto de competencia planteado entre un juzgado de la capital y uno de Cáceres a propósito de la reclamación, el caso acabó en manos del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid. En un auto fechado el 6 de mayo de 2019 este juzgado decidió archivar la denuncia.
Después, el denunciante interpuso un recurso de apelación contra esa resolución y la Audiencia Provincial de Madrid lo ha estimado parcialmente, obligando a "practicar las diligencias indispensables para el conocimiento de los hechos con respecto de los términos que para la instrucción establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Los argumentos de la Audiencia para revocar el auto
En un escrito con fecha de 25 de noviembre de 2019 al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Audiencia Provincial de Madrid estima en parte el mencionado recurso y, por tanto, revoca parcialmente la decisión del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.
Los magistrados consideran que "en el caso que nos ocupa los hechos denunciados, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de una forma de estafa (art. 248 del Código Penal)". "Se nos dice en efecto que los denunciados habrían vendido ciertas participaciones de lotería, aparentando mendazmente que lo eran a un número del Sorteo de Navidad de Lotería Nacional que en realidad no había sido adquirido", recuerdan.
El denunciante aporta argumentos que en si mismos valorados no permite considerar inconcreta o carente de fundamento la denuncia", argumentan los jueces
Estos hechos serían, siempre según la Audiencia Provincial, adecuados para considerar la existencia de un engaño bastante para integrar el delito de estafa, habiéndose obtenido de los compradores de las participaciones un acto de disposición patrimonial. "El importe total de lo así obtenido, siempre según el denunciante, permitiría considerar el hecho delito menos grave", aclaran en referencia a los 18.100 euros.
"El denunciante aporta argumentos que en si mismos valorados no permite considerar inconcreta o carente de fundamento la denuncia", argumentan. Por este motivo, añaden, procede revocar la resolución recurrida a fin de practicar las diligencias diligencias indispensables para el conocimiento de los hechos con respecto de los términos que para la instrucción establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sin embargo, hay una parte del recurso de apelación que no estiman. "No procede sin embargo admitir la denuncia en relación con los hechos mencionados por la recurrente relativos a su situación disciplinaria en el partido así como a la existencia de una supuesta mala administración por parte de los denunciados", señala el escrito. Según los jueces, se relatan en este punto cuestiones internas del funcionamiento del partido político al que se refiere la denuncia que habrán de ser resueltas por una vía distinta a la jurisdicción penal.
2015: el origen de la denuncia
En su querella contra Vox y contra Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Enrique Cabanas y Andrés Porta Monedero, el denunciante Diego López Ordóñez, ex secretario de la Gestora de Vox en Cáceres, asegura que los afiliados del partido vendieron papeletas del número 93.815 en los distintos órganos provinciales del partido para después remitir el importe recaudado a la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Madrid.
El 22 de diciembre de 2015, cuando el sorteo ya estaba iniciado, señala, recibieron un correo electrónico en el que se les indicaba que el número con el que jugaban había sido sustituido por otro distinto: el 88.008.
El problema es que el número original, el 93.815, resultó agraciado en la pedrea (100 euros al décimo). Ninguna de las personas que compraron las papeletas recibieron el dinero del premio que teóricamente les correspondía. El partido había recaudado 18.100 euros de la venta de papeletas, según la denuncia.
Cuatro años después, algunas personas continúan reclamando su premio y pidiendo explicaciones a la formación por lo que, según consideran, podría incurrir en un "delito de estafa".
La Administración de Lotería
Vox atribuyó el cambio de número a "razones de exclusiva responsabilidad de la Administración de Lotería", avisó del cambio de número en la prensa tres días antes del Sorteo y facilitó un acta notarial a los afiliados y simpatizantes para explicar lo sucedido.
El acta se puede consultar en la web del partido. En ella, un mandatario, en representación de la administración de San Fernando de Henares, deja constancia de que la venta del número "encargado" inicialmente por el partido se vendió a terceros por un "error involuntario" y que Vox accedió a "reemplazarlo".
Pero el denunciante y los afectados defienden que, en ese caso, la formación debería disponer de justificantes bancarios de que esa compra se efectuó y, en caso de efectuarse, Vox debería contar con las papeletas del segundo número adquirido en reemplazo del primero.
También considera que estas operaciones deberían estar reflejadas en las cuentas que aparecen en su portal de transparencia como "aprobadas" y destaca que Vox no hizo ninguna reclamación a la Administración de Lotería.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con Vox, que ha declinado hacer declaraciones sobre la estimación parcial del recurso del denunciante contra la resolución del juzgado que la archivó en mayo al no haber recibido aún, dicen, la notificación oficial del juzgado.
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