Vox sigue presionando al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la vía judicial. Si hace poco la formación de Santiago Abascal se anotó un tanto logrando que Sánchez sea llamado a declarar como testigo en el caso abierto contra su mujer, Begoña Gómez, ahora despliega una batería de querellas contra el propio presidente, Félix Bolaños, el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, y también contra Cándido Conde-Pumpido y los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional por sus resoluciones a favor de los condenados por el Caso ERE.
El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha señalado que la querella va dirigida a los magistrados que han votado a favor de las sentencias que estiman parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de otros exmandatarios autonómicos del PSOE, anulando las condenas que les impuso en su día la Audiencia de Sevilla.
Buxadé opina que Chaves y Griñán "crearon una trama socialista para el dictado de resoluciones, de actos, la gestión de procedimientos, la aprobación de normas con la finalidad de encubrir esa trama directiva en virtud de la cual el dinero de los trabajadores iba a otras finalidades y, por supuesto, no a la finalidad de interés social".
El eurodiputado de Vox carga contra Pumpido por estar "al servicio de Sánchez y de los intereses del PSOE". Con la querella, Vox busca a su vez "poner límites a Conde-Pumpido porque forma parte de este golpe institucional de Sánchez". También responsabiliza al PP por pactar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El TC sale en defensa de Griñán
Estas sentencias siguen la línea de otros pronunciamientos del TC a favor de los recursos de amparo de los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. No hay que olvidar que la Audiencia de Sevilla condenó en 2019 al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación y 15 años y dos días de inhabilitación por prevaricación. Su antecesor, Manuel Chaves, fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, penas que fueron mantenidas por el Tribunal Supremo en 2022.
El TC, de mayoría progresista (7 votos frente a cuatro), ha estimado parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta, anulando la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia con relación a ellos y ordenando a dicha instancia que emita nueva sentencia. El órgano de Conde-Pumpido considera que se vulneró el derecho de Griñán a la presunción de inocencia por no precisarse en las sentencias condenatorias en qué medida participó en los hechos. Tampoco ve prevaricación en la elaboración de los anteproyectos de ley que ampararon el Caso ERE.
Por otra parte, la maquinaria de marketing del PSOE y el Gobierno lleva días en marcha. Para el secretario general del PSOE de Andalucía, el desfalco de más de 600 millones de dinero público durante los gobiernos socialistas de la región ha sido una "campaña" del PP para "denostar" a su formación. La portavoz del Ejecutivo de Sánchez, Pilar Alegría, ha aplaudido las últimas decisiones del TC al tiempo que pedía respeto al PP para la institución. El mismo respeto que el Gobierno en trompa ha denegado al magistrado Juan Carlos Peinado, que ha sufrido todo tipo de presiones por instruir el caso Begoña Gómez.
