Seis intentos y cero éxitos. Vox pierde otro asalto en su guerra judicial contra el independentismo catalán. La última derrota se dio a conocer este martes, cuando el Tribunal Supremo hizo pública su negativa a admitir la querella presentada contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El golpe fue seco: "No se ofrecen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la comisión de un hecho delictivo de las características de la rebelión". Es decir, que el tuit del que tira la formación para interponer la querella no es suficiente; que así no se puede acusar a alguien de un delito como el de rebelión.
En el auto, recogido por Vozpópuli, los magistrados del Alto Tribunal hacen referencia al mensaje publicado por Torra el 6 de diciembre de 2018, a las 17.24 horas. "La Constitución nunca será reformada por la vía federal o confederal. La única manera de que Cataluña avance es seguir la vía eslovena: la libertad", llegó a tuitear el número uno del Govern.
Los jueces aseguran que la expresión de una opción política teórica por el modelo esloveno, "puede parecer disparatada, irritante e imprudente en Cataluña, pero queda amparada por la libertad de expresión". Además, justifican a Torra en el "contexto de la retórica" con la que los políticos suelen expresarse ante los medios de comunicación.
La Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, asegura que no es posible considerar los hechos en los tipos penales por los que se formula la querella. "Se impone analizar si el supuesto llamamiento del querellado [Torra] a seguir la vía eslovena guarda relación con determinadas acciones de grupos organizados bajo la denominación CDR [Comités de Defensa de la República]", apuntan los jueces.
Según señaló el partido en su querella, existe un movimiento ya "organizado y estructurado" para quebrar el orden constitucional de cuya existencia no solo es consciente el presidente catalán, sino que él es uno de los líderes.
En su respuesta, el Supremo insiste en que no se puede acusar a alguien de cometer delitos de provocación, proposición o conspiración para el delito de rebelión por "la expresión de las ideas por descabelladas que puedan resultar, acciones concretas que se encaminen al alzamiento público y violento" con el fin de alterar el orden constitucional.
Vox y el juicio del 'procés'
Las chapuzas de Vox también se cuelan en las sesiones del Supremo en las que se juzga a los 12 líderes independentistas. Desde la primera semana, el juez Marchena hizo de muro de contención a la acusación popular que ejerce Vox. El magistrado rechazó de facto las dos primeras propuestas del partido: la petición de retirar cualquier lazo amarillo de la vestimenta de los acusados y la solicitud de poder formular sus preguntas al que fuera vicepresidente Oriol Junqueras pese a que este expresó que no respondería a ninguna de las cuestiones planteadas por las acusaciones.
Al momento de interrogar, la performance no mejora. Las preguntas de la formación, que ejerce de acusación popular en procedimiento, terminan favoreciendo más a las defensas que al resto de acusaciones. De hecho, en ocasiones tumba por completo los extensos interrogatorios de la Fiscalía y la Abogacía del Estado con solo un par de preguntas.
Sucedió este mismo martes, cuando Vox preguntó a un inspector de Policía que acababa de describir las agresiones sufridas por varios agentes en los colegios electorales durante la jornada del 1 de octubre de 2017.
- ¿Había gente encapuchada?
- No los vi.
- ¿Actuaban organizados?
- No.
Otros querellas frustradas
La Justicia ya había tumbado otra demanda de la formación contra Torra; una presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Asimismo, había puesto freno al menos a otros cuatro escritos vinculados al procés.
En enero, la Audiencia Nacional rechazó la querella de Vox contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuatro exconsejeros catalanes huidos y el abogado Gonzalo Boye. En aquella ocasión, la nueva titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, indicó que ninguno de los delitos atribuidos al líder independentista y sus exconsejeros tenían encaje en los reflejados en las querellas.
La misma magistrada negó también una querella contra la juez belga responsable de tramitar la demanda civil presentada contra el instructor del caso del procés del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Recordó a la formación de Santiago Abascal que la jurisdicción española no tiene competencia para entrar a examinar la actuación de una juez en Bélgica.
A la lista de rechazos se suman otras acciones judiciales ajenas al proceso independentista catalán: desde la querella contra Pablo Iglesias presentada en 2016 por blanqueo de capitales y delitos electorales y delitos que comprometen la paz e independencia del Estado, hasta la interpuesta contra el presidente Pedro Sánchez por el presunto plagio en su tesis doctoral.
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