El recurso contra la exhumación de los restos del teniente general José Sanjurjo, entre otros, de la cripta del Monumento a los Caídos de Navarra que ha sido estimado por el Juzgado de lo Contenioso-Administrativo número 2 de Pamplona supone un logro también para la familia Franco, que se opone a que el Gobierno saque los restos del Valle de los Caídos, según han transmitido a este diario desde la Fundación Nacional Francisco Franco.
La sentencia otorga el derecho "de los recurrentes en ambos procedimientos a que sean restituidos los restos de sus familiares a la cripta de donde fueron exhumados en ejecución de dicha resolución", pero no es firme y admite recurso, por lo que si bien el derecho de la familia a que los restos vuelvan a ser enterrados en la cripta del edificio supone una "victoria" para los Franco, no sentaría jurisprudencia.
La cripta de Sanjurjo
En el auto se revoca el acuerdo del 8 de noviembre de 2016 del Ayuntamiento de Pamplona -gobernado por EH Bildu- para la retirada de los restos de los generales Emilio Mola y José Sanjurjo, que se llevó a cabo en noviembre de 2016. El juez, en cuanto al carácter de cementerio de la cripta, señala que el decreto Foral de 2001 de Sanidad Mortuoria regula la actividad de cementerios y crematorios, pero no se incluye a la cripta, "de tal manera que es claro que lo que aquí nos ocupa de ninguna manera es un cementerio al que puedan afectar las competencias y condiciones que para su cierre o clausura".
La Ley de la Memoria Histórica establece que las fosas y los osarios son propiedad de Patrimonio Nacional, pero la basílica de Franco es de la Iglesia
Según explica a 'Vozpópuli' la familia Sanjurjo, el lugar donde estaba el teniente general es una "cripta consagrada" cuya propiedad es del Ayuntamiento de Pamplona, aunque su usufructo es del Obispado de Pamplona. "El obispo de Pamplona nos trasladó que en ningún momento aceptaría la exhumación si la familia no estaba de acuerdo. Y no lo estábamos", reconoce uno de sus nietos. Además, añade que Sanjurjo "no era franquista" porque "Franco estaba a las órdenes" del navarro y este murió en 1936 cuando "se iba a oponer al levantamiento".
En el caso del Valle de los Caídos, la actual Ley de la Memoria Histórica establece que las fosas y los osarios son propiedad de Patrimonio Nacional al ser considerados como una parte de un "cementerio público". Sin embargo, la basílica donde se encuentran las tumbas de Franco y Primo de Rivera es propiedad de la Iglesia y su gestión corresponde a la abadía benedictina.
Derecho canónico
"Franco está enterrado en una zona sagrada donde solo rige el derecho canónico", defienden desde la Fundación. E insisten en que "ningún miembro del Gobierno se ha puesto en contacto con ningún miembro de la familia Franco" que, según explican, no va a colaborar "ni activa ni pasivamente" en la exhumación, sino que esta tendrá que ser "consecuencia de mandato judicial ajustado a la ley y, según sea la actitud de la comunidad benedictina, dependerá del contencioso administrativo. "La familia y la Fundación nos atendremos escrupulosamente a la ley", reconocen.
A pocas semanas de llegar a la Moncloa, Sánchez anunció su intención de exhumar a Franco, una idea que, pese a contar con apoyos políticos, ha desatado gran polémica en algunos sectores de la sociedad. Si bien Carmen Calvo aseguró que el Ejecutivo de Sánchez se había puesto en contacto con la familia, desde la Fundación lo niegan rotundamente y atribuyen este tipo de anuncios a una "intoxicación mediática".
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