Apenas 24 horas antes de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para explicar su misterioso plan de regeneración democrática, con el que pretende entrometerse en la libertad de prensa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han alcanzado un acuerdo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana.
El anuncio se enmarca dentro de las medidas de regeneración que pretende esbozar el presidente del Gobierno desde la tribuna de la Cámara Baja. Además, la también ministra de Trabajo ha confirmado que ambas fuerzas han llegado a un pacto para quitar las subvenciones a los medios que incumplan los "códigos deontológicos".
Díaz ha avanzado en declaraciones a los medios en Bruselas, donde se encuentra para asistir al Consejo de Empleo y Política Social, que Sánchez comparecerá este miércoles a las 9.00 horas para anunciar el paquete íntegro de medidas acordado este martes por los socios de Gobierno en el Consejo de Ministros.
El presidente hizo la promesa de regeneración tras tomarse un lapso de cinco días de reflexión para decidir si dimitía o no al trascender que su mujer, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por un juez por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La vicepresidenta segunda ha dicho: "Y también una ley que va a impedir que quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública", en relación a la modificación de la Ley de Publicidad Institucional que ya anunció el presidente a primeros de julio en una entrevista en la Cadena Ser.
Díaz ha reconocido que el trato se ha cerrado en las últimas horas: "Hemos alcanzado el acuerdo con el PSOE en esta materia, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al Rey... la ley mordaza [de Seguridad Ciudadana] va a ser derogada". No obstante, cabe reseñar que para los socialistas la derogación de esta norma no era, en absoluto, una prioridad. Es más, en la planta noble de Ferraz daban a entender que esto no formaría parte del paquete de regeneración.
Esta será la segunda vez que se trate de derogar la ley. El bloque que sustenta a Sánchez en el Congreso, compuesto por independentistas y nacioanlistas, lo intentó la pasada legislatura, pero fue imposible llegar a un acuerdo por las pelotas de goma que usa la policía. Esta ley entró en vigor en 2015, impulsada por el Gobierno del PP. En 2020, el Constitucional avaló casi la totalidad de la medida, incluidas las devoluciones en caliente de inmigrantes.
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