La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acometido "obras" en la vivienda oficial de casi 450 metros cuadrados que tiene asignada, definidas por su propio departamento como "actuaciones de adecuación, mantenimiento y reparaciones necesarias" en el inmueble, según consta en una respuesta del subsecretario de Trabajo y Economía Social, José Ramón del Prado, girada el pasado 15 de julio al Portal de la Oficina de Transparencia del Estado.
En el escrito, Trabajo sigue sin precisar los costes de esas "actuaciones" al considerarlos "indiferenciables" de los del propio uso de la vivienda por parte de Díaz, como también lo son los gastos corrientes de luz, calefacción, jardinería y hasta los derivados de peluquería, cuidado e imagen personal y cáterin.
En este sentido, la mera estancia de la también líder de Sumar en el inmueble, como en el caso del resto de los ministros que hacen uso de viviendas de propiedad pública, incluye la asunción por parte del Estado de la totalidad de los gastos en que pueda incurrir en este caso la vicepresidenta del Gobierno al ser tenidos por inherentes al ejercicio de su cargo.
La respuesta del Ministerio de Trabajo no arroja detalles en torno a esas obras acometidas por Díaz en el último año, sobre las que la vicepresidenta segunda del Gobierno tampoco ha dado explicación alguna. Así, la comunicación trasladada a Transparencia se limita informar de que los costes de esas actuaciones "forman parte del gasto total del inmueble y, por lo tanto, también son indiferenciables".
La resolución de la Subsecretaría de Trabajo admite que las obras de acondicionamiento del piso se han desarrollado sin el previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado, requisito exigido por la Ley
La resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo admite que las obras de acondicionamiento del piso se han desarrollado sin que Patrimonio del Estado, a cuya dirección general está asignada la titularidad de la vivienda en que reside Díaz, haya emitido autorización de los trabajos de remodelación, si bien justifica la circunstancia en que no hay obligación de solicitar permisos en cuanto a que, asegura, "no existe normativa específica que regule de forma estructurada la utilización de inmuebles de uso por parte de departamentos ministeriales".
Esta aseveración contradice lo consignado en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 90 expresa la exigencia de contar con un informe previo favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado para el desarrollo de cualquier actividad o modificación en el inmueble cuya motivación habrá de ceñirse a "fines o funciones públicas", y por tanto deberán responder a razones de la representación institucional del residente de la vivienda oficial y en ningún caso estar asociadas al ámbito particular o privado.
Los casos de Morant y Calviño
La opacidad en las explicaciones del equipo de Díaz contrasta con la información, bastante más precisa, facilitada en su día por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y el Ministerio de Asuntos Económicos cuando era Nadia Calviño la que estaba al frente de ese departamento.
Así, el equipo dirigido por Morant ha venido concretando algunos datos relativos a costes vinculados a la vivienda de 295 metros cuadrados y cuatro dormitorios que ocupa, por ejemplo los gastos de 1.880,34 euros en concepto de servicio de limpieza correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2021, o los 132,81 euros de inversión por mantenimiento para la totalidad de ese año.
En el caso de la exvicepresidenta económica, hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones, su equipo trasladó a Transparencia el coste, también referido a 2021, por mantenimiento de la vivienda pública de 244 metros y cuatro dormitorios que ocupó durante su etapa en el Gobierno: 14.387,11 euros durante ese ejercicio, cantidad en la que se incluían "los tributos del inmueble".
Un salario anual superior a los 85.000 euros
Lejos de esa concreción, el equipo de Trabajo continúa ocultando el coste de las labores de acondicionamiento de la residencia de Yolanda Díaz, quien percibió una retribución de 85.013, 40 euros en 2023 y 24.103,32 euros en dietas del Congreso -a las que, según algunas fuentes, habría renunciado-, al margen de la gratuidad total por la vivienda pública de que disfruta, incluidos todos los gastos derivados de la misma.
