Hugo ‘El Pollo’ Carvajal ha tomado la palabra en pleno proceso de extradición a Estados Unidos. El exjefe de la inteligencia militar de Venezuela ha arremetido duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de “suciedad, oscurantismo y atropello”, y contra el Ministerio del Interior por haberle ocultado, según sostiene, su negativa a concederle la petición de asilo hace ahora dos años.
El exalto mando militar se posiciona de esta forma en una página web que acaba de impulsar y que empleará para dar su versión de todo lo relativo a su proceso de entrega a las autoridades estadounidenses, así como sus cuentas pendientes con la Justicia. La creación de este dominio web coincide con su compromiso de colaborar en un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional sobre terrorismo internacional en el marco del cual está aportando documentación y en el que volverá a ser llamado a declarar, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
En su nuevo portal -cuya existencia avanzó este sábado en redes sociales- se pronuncia desde las primeras sanciones interpuestas por Estados Unidos por narcotráfico, hasta su detención el pasado 9 de septiembre en una vivienda de Madrid. En relación a su arresto, que se llevó a cabo en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la agencia antridrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), asegura que fue ilegal porque le localizaron a través de escuchas telefónicas que no contaban con autorización judicial.
Carvajal, que defiende que el verdadero "perseguido" por Venezuela es él, también insiste en que el Ministerio del Interior no le notificó su negativa a concederle el asilo adrede para que su defensa no lo pudiera recurrir. "En otra gran muestra de suciedad, oscurantismo y atropello, el Gobierno español escondió la resolución de mi asilo durante dos años, a pesar de que mis abogados habían solicitado obtener respuesta. Pero, lo cumbre de este evento, es que invalida al Consejo de Ministros que aprobó mi extradición un año y medio antes", explica.
Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que se le denegó su petición de asilo en julio de 2019 y que la resolución definitiva se firmó el 23 de septiembre. La misma se remitió a la prisión de Estremera (donde permanecía desde su detención en abril) pero no se le pudo notificar porque para entonces ya había abandonado el centro penitenciario. Sobre ese arresto también se pronuncia el exalto mando militar, el cual insiste en que el delito por el que le reclama la Corte del Distrito Sur de Nueva York estaba prescrito desde marzo de ese año. "Violaron la Constitución española, los acuerdos internacionales y el reglamento de Interpol", explica en la página web.
"Nada que ver con Maduro"
"Tres días días después de haber sido detenido ilegalmente, con una orden prescrita, la fiscalía de NY crea una acusación sustitutiva. En esta, amplía los delitos y, por supuesto, las fechas. Ahora, convenientemente para su persecución, no cometí crímenes narcoterroristas hasta el 2008 sino hasta el 2019. Ni siquiera notaron que yo no tenía nada que ver con el gobierno de Maduro desde el 2014. Fui electo diputado en 2015 e inmediatamente rompí relaciones con el régimen cuando desconoció la Asamblea". Carvajal reconoció a Juan Guaidó como presidente de la cámara tras su elección en enero de 2019 en detrimento de Nicolás Maduro.
En relación al proceso de extradición que se siguió en la Audiencia Nacional, Carvajal cuestiona el cambio de criterio de la Sala de lo Penal. Aunque en un primer momento los tres magistrados que resolvieron sobre su entrega denegaron la petición de Estados Unidos y acordaron su puesta en libertad, el Pleno al completo analizó el recurso y corrigió la primera decisión.
En el auto, firmado el 8 de noviembre de 2019, los magistrados explicaron que el delito de tráfico de drogas que se le atribuye por su pertenencia al Cártel de los Soles no lo era en función de su condición de militar, sino que se trata de un delito común que, por las "ingentes cantidades de droga" que introducían en Estados Unidos, afectaba a "toda la colectividad".
Frente a esa tesis, el que fuera jefe de Inteligencia de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro asegura que el cambio de criterio de la Audiencia Nacional se produjo "en extraña circunstancias" y que las pruebas de tráfico de drogas y de armas que Estados Unidos dice tener sobre él no son más que "un compendio de testimonios de narcotraficantes convictos o de personas que están bajo acuerdos de protección y colaboración" con Washington. "Es decir, me pretendían extraditar porque si, manipulando la ley para argumentarlo", apuntala.
La Audiencia valida su material
El Pollo, que interpuso un recurso de reposición contra la denegación de asilo, ha defendido en muchas ocasiones que si le entregan finalmente a Estados Unidos no tendrá un juicio justo. Sin embargo, el procedimiento sigue en marcha a falta de que se resuelva sobre los recursos. Con todo, abrió una nueva vía ante la Justicia que podría dilatar su extradición. Carvajal pidió al magistrado Manuel García Castellón declarar en el marco de unas diligencias por terrorismo internacional abiertas hace dos años cuando también se ofreció a hablar sobre vínculos entre las FARC y ETA, aunque finalmente se echó atrás.
El instructor accedió, reabrió las pesquisas y le citó el pasado mes de septiembre. El exmando militar ofreció detalles de vínculos de los gobiernos de Chávez y Maduro con algunos fundadores de Podemos y se comprometió a aportar documental para probarlo. Desde entonces ha efectuado varias tandas de entregas. La primera de ellas, relativa a un contrato del despacho de Baltasar Garzón con la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA por 8,8 millones de euros que desde el bufete del exmagistrado rechazan.
La segunda consiste en documentos relativos, por un lado, a una orden de pago de 142.000 dólares del Gobierno de Nicolás Maduro a la también fundadora de Podemos Carolina Bescansa, y a Jorge Lago y Ariel Jerez y, por otro, de un documento firmado en 2008 por el entonces presidente Hugo Chávez. El mismo hace alusión a otro abono de 7 millones de dólares a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), estrechamente ligada a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Aunque la primera tanda de documental se consideró insuficiente, la Audiencia Nacional sí que ha dado por válida esta segunda entrega, tal y como avanzó este diario.
A ello hay que añadir los últimos documentos aportados en los últimos días al órgano judicial que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que vendrían a atribuirle la posesión de una mina de oro en Venezuela, según informó el diario El Confidencial. Con todo, su intención de seguir aportando documental a la Audiencia Nacional coincide con la extradición también a Estados Unidos del presunto testaferro de Maduro, Álex Saab. Cabo Verde accedió a la entrega de este empresario colombiano por presunto delito de blanqueo de capitales.
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