Arranca la cuenta atrás para Hugo 'el Pollo' Carvajal. La Audiencia Nacional encara la última semana de margen que le dio al exjefe de la inteligencia militar de Venezuela en aras a aportar documental que sustentase el testimonio prestado en sede judicial el pasado 20 de septiembre. El material entregado hasta el momento no termina de convencer a los investigadores, que siguen a la espera de recabar más pruebas de calado en relación a la causa abierta por terrorismo internacional y en la que pidió declarar voluntariamente.
Su solicitud se produjo en paralelo al proceso de extradición que se sigue en la Audiencia Nacional y que está paralizado a la espera de que se resuelva un recurso de reposición interpuesto contra el Ministerio del Interior, tras su negativa a otorgarle asilo. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que la documental aportada este pasado viernes sería insuficiente en aras a avanzar con unas diligencias que siguen bajo secreto de sumario. Las mismas se reabrieron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 a tenor de la petición del exalto militar bolivariano de declarar.
Carvajal, que se encuentra en la prisión de Estremera desde su detención el pasado 9 de septiembre, compareció ante el magistrado y el fiscal de la Audiencia Nacional para aportar información sobre la relación entre las FARC y ETA. El mando militar conoció muy bien a este grupo guerrillero de Colombia a tenor de su implicación en el conocido como Cártel de los Soles, dedicado a traspasar cargamentos de cocaína a Estado Unidos. Precisamente por su papel activo en estos hechos, Washington le reclama en el marco de dos procedimientos y le atribuye delitos de tráfico de drogas y de armas.
En su comparecencia, Carvajal no solo se refirió a este asunto y a los supuestos vínculos del régimen de Hugo Chávez con el grupo terrorista Hezbolá, sino que también hizo alusión a temas que afectarían a nuestro país. El militar (que tiene rango de mayor general) habló de la presunta financiación irregular de la formación Podemos y, más en concreto, de los pagos que habría recibido uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, del país bolivariano. Al respecto, se comprometió a aportar documental que apoyase sus declaraciones.
Sin embargo, el paso de los días y la ausencia de documental comenzó a molestar en la Audiencia Nacional, desde donde tienen claro que no se seguirá adelante con estas diligencias a no ser que Carvajal aporte pruebas que vengan a acreditar sus palabras. A finales de esta semana presentó en el órgano judicial los documentos que acreditarían el presunto cobro por parte del despacho de Baltasar Garzón de 8,8 millones de dólares por asesoramiento a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Se da la circunstancia de que la petrolera nacionalizada está salpicada en varias causas de corrupción que se siguen en la Audiencia Nacional por presunto desvío de dinero público a personas cercanas de la esfera del fallecido Chávez. En este caso, los papeles vendrían a acreditar que el despacho del otrora magistrado de la Audiencia Nacional, Ilocad, fue contratado por Venezuela por 8,8 millones de euros. De ellos, 1,9 millones de euros se abonarían por la "coordinación con la Fiscalía y tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial".
Material insuficiente
El documento, adelantado por The Objective, ya está en manos de los investigadores, que ahora tienen que estudiar su autenticidad. El despacho de Garzón, por su parte, emitió una nota en la que apuntó que ese material era falso. Según defienden, "jamás" negociaron la minuta fijada en el documento y tildan de erróneo que Ilocad percibiera 9 millones de euros. También calificaron de "absolutamente falso" que se contratara un encargo para coordinarse con Fiscalía y autoridades judiciales y recordaron que el proyecto se efectuó para Squire Patton Boggs y consistió en un informe de viabilidad para interponer acciones legales contra varios exempleados de PDVSA.
A falta de que el magistrado Manuel García Castellón analice la documental aportada, todo apunta que esta será insuficiente si Carvajal quiere ser considerado como testigo protegido para evitar su entrega a Estados Unidos. El propio instructor se ha fijado esta semana que empieza como fecha límite para decidir qué hace con las diligencias que ya se abrieron en 2019, cuando la Audiencia Nacional dio luz verde a su extradición al país norteamericano.
Los hechos coincidieron con el cambio de defensa letrada del Pollo Carvajal, que asumió el mismo abogado que defiende a José Manuel Villarejo. En aquel momento, el exjefe de la contrainteligencia bolivariana y el comisario jubilado coincidieron en la prisión de Estremera hasta la fuga del militar. Esta se produjo mientras la Audiencia Nacional corregía el criterio inicial adoptado contra él ya que, aunque en un primer momento la Sección Tercera denegó su extradición, la Sala de lo Penal asumió el asunto y resolvió en sentido contrario.
Pendientes de Interior
Para entonces el Pollo Carvajal ya no se encontraba en Estremera, sino que se fugó y desapareció hasta su detención el pasado 9 de septiembre. Tampoco se presentó ante el juez en el marco de esta causa que se acaba de reabrir. Su defensa, que insiste en que no se ha ido de España porque quiere colaborar con la Justicia, pide que no se le extradite porque no tendrá un juicio justo en Washington. Pero el Consejo de Ministros ya dio luz verde el año pasado a la decisión de la Audiencia Nacional, por lo que todo apunta que el trámite será cumplimentado.
Ahora mismo está paralizado cautelarmente a la espera de que el Ministerio del Interior resuelva sobre el recurso interpuesto por la defensa del militar a su denegación de solicitud de asilo. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska declinó la petición en julio de 2019, sin embargo en septiembre de ese año, cuando devino definitiva, no se la pudo notificar ya que para entonces Carvajal no se encontraba en Estremera. Su defensa interpuso el recurso que está pendiente de tramitarse y que, según fuentes de Interior consultadas por este diario, no tardará mucho en resolverse.
El siguiente paso que podría dar su abogada sería recurrir una previsible nueva negativa de Interior ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Sin embargo, este movimiento no paralizaría la entrega a Estados Unidos. A ello se añade el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo (que se negó a paralizar de forma inmediata su entrega) y el de la Sala de lo Penal que declinó excarcelarle mientras se resolvía el recurso de asilo. Los magistrados de la Sección Tercera -los mismos que rechazaron su entrega- aseguraron que no pueden dejarle en libertad ante el elevado riesgo de fuga.
