España

El 'postureo' de Sánchez: gasta 20.000 euros en carteles de la Constitución mientras pacta la amnistía

El Ejecutivo pretende difundir entre universidades y centros docentes la celebración del "aniversario de la Constitución" al mismo tiempo que pone en peligro el Estado de Derecho con la ley de amnistía

Pedro Sánchez pacta una amnistía con Junts y ERC que hace saltar por los aires nuestro Estado de Derecho -como ha avisado el Consejo General del Poder Judicial- al mismo tiempo que se engalana para la celebración del 45 aniversario de la Constitución española. El presidente cambia de opinión, y lo hace a una velocidad tan camaleónica que puede defender una cosa y la contraria al mismo tiempo. Mientras el Gobierno negociaba una concesión tras otra con los independentistas catalanes, el Ministerio de Presidencia formalizaba un contrato de 20.000 euros para distribuir cientos de miles de carteles para celebrar el Día de la Constitución.

El Gobierno de Pedro Sánchez explica en los pliegos del contrato, consultados por este periódico, que "con motivo del 45 Aniversario de la Constitución Española se ha puesto en marcha una campaña para su difusión entre la población más joven, que se llevará a cabo en los centros docentes no universitarios, universidades y asociaciones juveniles, para lo que se ha decidido la impresión de 200.000 ejemplares de carteles".

Los carteles han sido elaborados por la Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE), y serán distribuidos por Orma-Mail por un total de 20.415 euros. El gesto de Sánchez llega en plena alarma institucional por sus múltiples concesiones a los socios separatistas, desde la amnistía hasta la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña.

Preocupación del CGPJ

Este mismo miércoles, día de Todos los Santos, ocho vocales del CGPJ solicitaron de manera formal a su presidente interino, Vicente Guilarte, que convocase un Pleno Extraordinario ante la inminente aprobación de la ley de amnistía. Los firmantes hablan de una "intensa preocupación y desolación" con la norma que el Gobierno ha pactado con ERC y Junts la cual, dicen, supone la "abolición del Estado de derecho".

Así figura en el escrito al que ha accedido este periódico.

"El CGPJ expresa su intensa preocupación y desolación por la que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", reza el escrito.

Acuerdo PSOE-ERC

Este jueves éramos conocedores del acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC. En el mismo se insiste en que se culminará la "desjudicialización a través de la aprobación de una la ley de amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social". Los socialistas argumentan que se trata de un "requisito imprescindible para afrontar un diálogo y una negociación en unas condiciones óptimas y equilibradas con las que abordar los retos del futuro inmediato".

De manera velada, el acuerdo deja claro que tras la amnistía llegará el referéndum de autodeterminación: "Una vez consolidada la desjudicialización a través de la ley de amnistía, pasará a una fase de planteamiento, análisis y diálogo sobre propuestas políticas en esta materia (futuro político de Cataluña), que debe avanzar a un ritmo constante y satisfactorio para ambas partes".

Además, para investir a Sánchez los españoles vamos a tener que pasar por caja. El PSOE ha concedido a Esquerra "la asunción" por parte del Estado español del "20% de la deuda viva". "Supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña y un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses", como reza el documento.

Los gobiernos autonómicos con presidentes del Partido Popular han reclamado, tras conocer la noticia, que se les perdone a sus comunidades autónomas el 20% de deuda para no vulnerar el principio de igualdad entre regiones que recoge la Constitución. No descartan llevar el asunto al Tribunal Constitucional si el Gobierno central se niega.

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