El PP culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de comprometer el CNI y la Seguridad Nacional para calmar a Pere Aragonès. El Grupo Popular en el Senado ha registrado una batería de preguntas por escrito al Gobierno, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, ante la declasificación de documentos del CNI sobre el supuesto espionaje con Pegasus a Pere Aragonès que ha aprobado el Consejo de Ministros de la semana pasada.
Este movimiento de Moncloa se acordó en plena negociación con sus socios de ERC para investir a Pedro Sánchez.
Asimismo, en las preguntas que plantea José Antonio Monago, portavoz adjunto del PP en la Cámara Alta, se censura al Ejecutivo que la ex directora del CNI Paz Esteban tenga que comparecer este viernes ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona como imputada en una causa en la que denuncia el propio Aragonès.
Este martes, Vozpópuli ha publicado que Sánchez sacrificó a la directora del CNI para tapar los tratos de sus socios con Putin. El CNI neutralizó el desafío del 1-O en Cataluña, preparado con ayuda de Putin, para lo que escuchó los móviles de independentistas, y el presidente destituyó a Esteban para contentar a Aragonès.
En la defensa del Estado ante el desafío independentista y las actividades de Tsunami Democràtic y los graves disturbios que provocó en el otoño de 2019 después de que el Tribunal Supremo condenara a los líderes del procés, el CNI accedió a los móviles de políticos, empresarios y activistas independentistas, lo que hizo con auto judicial de autorización. El teléfono de Aragonès habría sido infectado los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, a las puertas de la investidura de Sánchez del 7 de enero de 2020, cuando el ahora jefe del Govern era vicepresidente de la Generalitat.
Esta vigilancia abrió una crisis en la primavera de 2022 que amenazó la gobernabilidad, con ERC amagando con votar en contra de Decretos anticrisis y dejar caer al Ejecutivo.
El plante de los independentistas se produjo después de que se publicara el 17 de abril de 2022 el informe catalangate, una supuesta investigación del laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto en Canadá, que desvelaba que el Estado español utilizó Pegasus para espiar cerca de 60 políticos independentistas catalanes. En este informe participó el activista independentista Elies Campo.
Para sofocar la crisis, el Gobierno de Sánchez dijo que el propio Sánchez y algunos ministros también fueron espiados y el 10 de mayo destituyó a la directora del CNI.
La desclasificación que ha aprobado el Consejo de Ministros no tiene precedentes. El 25 de julio, por ejemplo, el Gobierno se negó a desclasificar documentos que pedía otro Juzgado de Barcelona, el 20, en una causa por espionaje al ex alto cargo de ERC Josep María Jové.
La primera pregunta que plantean los populares es qué razones han llevado al Consejo de Ministros a desclasificar parcialmente documentos del CNI sobre el supuesto espionaje con Pegasus a Aragonés.
También reclaman saber en qué ha consistido el levantamiento del secreto "parcial" de algunos documentos.
Los populares cuestionan además si el Gobierno cree que permitiría a este Centro operar en el futuro con la eficacia que lo ha venido haciendo a lo largo de su historia.
En este sentido, plantean al Ejecutivo si no considera que lanza un mensaje negativo para las relaciones que este Centro mantiene con otros en el ámbito internacional. Un mensaje negativo que preguntan si afecta a la actividad operativa que despliegan los profesionales de este Centro.
También cuestionan si es habitual a juicio del Gobierno que en los Estados democráticos se levante parcialmente el secreto sobre algunos documentos relativos a las motivaciones para las intervenciones telefónicas por parte de los servicios de inteligencia de los Estados.
El sacrificio de la directora del CNI
Los problemas del Gobierno de Sánchez con sus socios en la primavera de 2022 se debían a sus acciones en defensa del Estado de Derecho contra el desafío soberanista condenado en los tribunales. Este conflicto siguen coleando, a la espera de que la amnistía lo borre. Ahora mismo, el Ejecutivo socialista batalla para que así sea, en la posición opuesta a la que tenía Margarita Robles entonces.
"¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?", preguntaba Robles a la diputada de la CUP Mireia Vehí en la sesión de control del Congreso el 27 de abril de 2022 sobre el caso Pegasus.
La ministra señaló entonces que a la CUP le venía "muy bien ahora aparecer como víctimas, pero nunca les he visto defender los principios básicos del Estado de Derecho ni los derechos y libertades de todos, absolutamente todos los ciudadanos".
Robles insistió en que el CNI trabaja siempre bajo un escrupuloso respeto a la legalidad y que no se espiaba a nadie por sus ideas, por ser independentista. Trece días más tarde, el Gobierno destituía a Paz Esteban, a la que Robles defendió hasta el último minuto.
Pere Aragonès presentó una querella contra Esteban en julio de 2022.
Sobre este proceso judicial, el Grupo Popular pregunta al Gobierno qué opinión le merece que Esteban tenga que comparecer como investigada en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona y cuántos directores del Centro Nacional de Inteligencia de España han tenido que declarar como investigados en los últimos 50 años en España.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros -justo cuando el PSOE y Junts acordaban en la Comisión de Justicia en el Congreso incluir en la amnistía todos los delitos de terrorismo del procés- que el Ejecutivo actual siempre actúa de acuerdo a la legalidad, a diferencia del de Mariano Rajoy, y ha blandido la Operación Cataluña, las supuestas acciones de desacreditación del independentismo usando el aparato del Estado que dirigió el ministro del Interior de Rajoy Jorge Fernández Díaz.
Por último, los populares preguntan si el Gobierno se ha opuesto a través de su Abogacía del Estado a la querella interpuesta contra Esteban. Esteban rechazó contratar a un despacho para su defensa a pasar de que era la opción que prefería el Gobierno.
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