El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar de manera definitiva una reforma del Reglamento que permitirá dilatar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía. Además, ha introducido una enmienda para obligar al presidente del Gobierno y a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando lo soliciten los grupos parlamentarios.
Con 147 votos a favor y 116 votos en contra, el Pleno del Senado ha sacado adelante la reforma del Reglamento que da la potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, como es el de la amnistía.
Asimismo, el PP ha aprovechado esta tramitación de la reforma del Reglamento del Senado para incluir una enmienda con la que se obligue al presidente del Gobierno o a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando así lo soliciten los grupos parlamentarios.
Los de Alberto Núñez Feijóo decidieron acelerar al máximo la tramitación de esta reforma del Reglamento, de modo que el pasado miércoles se tomó en consideración y el lunes la Comisión de Reglamento la avaló para que se votara de manera definitiva este mismo martes, anticipándose a que la ley de amnistía salga del Congreso.
Herramienta para dificultar la investidura
El PP quería hacer valer una vez más su mayoría en el Senado, convertida en la mejor herramienta para dificultar en lo posible la investidura de Pedro Sánchez, fraguada sobre las cesiones del PSOE a los independentistas de Junts y ERC. Así, el grupo parlamentario popular pretende retrasar todo lo posible la aprobación de la ley de amnistía mediante la propuesta de modificación del reglamento de la Cámara Alta que registró, que afecta al artículo 133. Una maniobra que ya adelantó Vozpópuli el pasado mes de octubre.
Esta modificación permitirá al Senado disponer de un plazo de veinte días naturales para ejercitar sus atribuciones legislativas, en este caso respecto a estimar si los proyectos de ley considerados urgentes por el Gobierno o el Senado merecen o no ser tramitados de acuerdo con esa urgencia.
Será la Mesa del Senado, la que de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de al menos 25 senadores podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia.
Concretamente, la propuesta de reforma del Grupo Popular, que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado, establece que "en los proyectos de Ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de 20 días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo". Asimismo, la Mesa del Senado, de oficio o propuesta de un grupo parlamentario o de 25 senadores podía decidir la aplicación del procedimiento de urgencia.
El informe clave que llegó a Génova
Tal y como avanzó Vozpópuli el pasado mes de octubre, los populares llevan semanas preparando esa reforma de reglamento. Una posibilidad que estaba recogida en el informe Una estrategia senatorial frente a la amnistía, analizado por Génova y elaborado de motu proprio por Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, abogados y profesores.
Ambos autores proponían que el Senado modificara su Reglamento y excluyeraa las proposiciones de ley de los plazos de tramitación aplicables a los proyectos de ley: dos meses o bien 20 días para los urgentes.
A su juicio, el plazo podría ser otro superior, permitiendo inclusive la intervención de las comunidades autónomas afectadas, sin resultar constreñido por el marcado por la Constitución para los proyectos de ley.
Este proceso retrasaría la tramitación lo que se estime oportuno. Descartado el Real Decreto-ley, que consideran que ni el actual Tribunal Constitucional podría avalar para una ley de este tipo, quedaría la vía del proyecto de ley. La ley de amnistía, sin embargo, se presentará, previsiblemente, como proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios que faciliten la investidura de Sánchez.
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