Begoña Gómez no será llamada a declarar en el Senado por su relación con Globalia en la comisión de investigación que examinará el 'caso Koldo', pero sólo "por el momento". Los populares, después de una profunda reflexión, se guardan ese as bajo la manga. Dos son los motivos alegados por diversas fuentes conocedoras de cómo se ha cocido la comisión: la mera "cortesía" y la capacidad de ampliar la nómina de comparecientes en cualquier momento del proceso.
Sobre el primero, fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien dijo la semana pasada que entrometer a los familiares en las escaramuzas políticas no era su "estilo". Sobre el segundo, el PP, con mayoría absoluta en el Senado, se arroga el timing de una comisión cuyo horizonte temporal –en principio– es de un año. "Nosotros elegiremos si ha de ir o no; pero, sobre todo, nosotros elegiremos el cuándo", zanjan fuentes de la dirección nacional en conversación con Vozpópuli.
Las referencias a Begoña Gómez, no obstante, son evidentes. Uno de los tres objetivos argumentados por el PP para emprender dicha acción parlamentaria gira directamente en torno a ella. "También será objeto de conocimiento de la comisión de investigación el estudiar la presunta existencia de una red de tráfico de influencias que, según han publicado los medios de comunicación, estaría vinculada con el entorno político y familiar más cercano al Presidente del Gobierno", escribe el PP en el "plan de trabajo" presentado este lunes por Alicia García, portavoz popular en el Senado, en el Registro de la Cámara Alta.
Fuentes populares dibujan el 'caso Koldo' como "una mesa con cuatro patas": Koldo García Izaguirre, por su papel evidente de "enlace" en la trama; Salvador Illa, por "todos los contratos" adjudicados mientras dirigió el Ministerio de Sanidad; Delcy Rodríguez, por su presencia en el aeropuerto de Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020; y Begoña Gómez, por "la medida en que su relación con Sánchez justificó su acción de Gobierno".
Es decir, el rescate por un total de 615 millones de euros a Air Europa por parte del Consejo de Ministros mientras la mujer del presidente del Gobierno se reunía con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, y Víctor de Aldama, uno de los principales cabecillas de la trama de mordidas con epicentro en el Ministerio de Transportes y quien, según explicitó la Fiscalía Anticorrupción en su querella, fruto de su participación en la trama se habría embolsado 5,5 millones de euros.
Los populares confían en que, ya sea por las "informaciones" periodísticas o por las propias revelaciones cosechadas durante los interrogatorios a los 58 primeros comparecientes, "los nombres irán apareciendo". Y si hay alguien en quien confían, ya sea por su aportación en sede parlamentaria o judicial –principalmente, en esta última–, ése es, precisamente, Víctor de Aldama.
Choclán, abogado de Aldama
La estrategia del PP diferencia dos tipos de comparecientes: "capilares" y "arteriales"; los que pueden aportar datos a la investigación y los que pueden ser decisivos e incluso tengan "responsabilidad penal o administrativa" en los hechos. Conocido su papel protagonista en los hechos tras la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el presidente del Zamora Club de Fútbol es uno de los segundos. Además, como publicó El Confidencial hace un mes de fuentes jurídicas, Aldama habría "trasladado a su entorno que quiere tirar de la manta para tratar de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le permita reducir una hipotética condena".
Como ha podido saber Vozpópuli, Génova se mueve en esta tesis. "Es el eslabón más débil de la cadena", estiman fuentes populares sobre el posible Tommaso Buscetta del 'caso Koldo'. Aldama fue detenido por la Guardia Civil el 20 de febrero y está investigado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Por su grado de implicación, Aldama es poseedor de información privilegiada del caso y su colaboración con la Justicia confesando o aportando nuevos datos podría suponer un atenuante definitivo para bajar de los dos años la pena de prisión y, por tanto, eludir un eventual ingreso de no tener antecedentes.
Además, en el marco de la operación también está investigada su pareja, Patricia Ramos, quien supuestamente le ayudó a ocultar, entre bienes y donaciones, más de 700.000 euros generados por los contratos con la Administración.
Pero hay otra "pista" que en Génova consideran definitiva para predecir las intenciones de Aldama: su abogado, José Antonio Choclán, un exmagistrado de la Audiencia Nacional ahora reconvertido en abogado. Es conocido por ser experto en llegar a acuerdos con la Fiscalía en casos mediáticos donde se juzgan delitos fiscales. ¿Entre su nómina de clientes? Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel; Ángel Ron, expresidente del Banco Popular; Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid; el empresario David Marjaliza, hombre clave en el 'caso Púnica'; Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte de Ignacio González implicado en la operación Lezo; o el futbolista Cristiano Ronaldo.
Cabe recordar que Aldama se acogió a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el pasado 22 de febrero. Sin embargo, "Choclán es especialista en pactar lo defraudado", se reafirman los populares. No obstante, en el PP se conjuran para "hacer un trabajo serio" y "no caer en los errores que el PSOE cometió con Kitchen". ¿Cuáles? "Creernos que estamos aquí para calificar jurídicamente. Lo nuestro es otra cosa. Estamos para determinar la responsabilidad política y, en segundo lugar, analizar qué ha sucedido para que estas cosas no vuelvan a suceder", como la "implicación empresarial" de la primera dama, cargo inexistente en nuestro ordenamiento jurídico.
Para ello, el PP solicitará los "billetes de avión abonados por Air Europa" a Begoña Gómez, si los hubiera, y una "relación de visitas, encuentros y/o reuniones mantenidas" con diplomáticos, empresas u organismos internacionales. Además, solicitará a la Universidad Complutense de Madrid que documente su relación con la mujer del presidente del Gobierno y al Instituto de Empresa (IE) el "convenio suscrito por el que se [le] designa directora del África Center del IE University".
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