El Partido Popular ve vínculos entre el Delcygate y el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Por ese motivo ha solicitado a la magistrada que investiga si hubo irregularidades en la ayuda de 53 millones de euros a la compañía que incorpore al procedimiento las famosas cintas de la estancia en el aeropuerto de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la noche del 19 al 20 de enero de 2020. El objetivo del partido que lidera Pablo Casado, y que está personado como acusación popular, es esclarecer los motivos que hayan conducido a garantizar la pervivencia de esta compañía aérea así como el tráfico que trataría de "encubrirse".
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias el pasado mes de abril a tenor de la querella presentada por Manos Limpias contra todo el Consejo de Administración de la SEPI por dar luz verde a este rescate. La magistrada Esperanza Collazos consideró que podía haber indicios de infracción penal y requirió a la sociedad pública para que expidiera el expediente completo que autorizó la ayuda a la compañía. El Partido Popular da ahora un paso más y solicita en un escrito adelantado por La Razón al que ha tenido acceso Vozpópuli que requiera a Aena la "entrega inmediata" de todas las cintas obtenidas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para evitar su destrucción.
También propone que una Comisión Judicial integrada por agentes de la Policía especializados en cuestiones informáticas se persone en el aeropuerto y requiera una relación de todas las cámaras de videovigilancia que tengan acceso a la grabación de la pista de aterrizaje donde tomó tierra el avión en el que viajaba la vicepresidenta venezolana, así como la zona VIP o las Salas por donde hubiera transitado aquella noche. El magistrado que investigó el caso Delcygate, destapado por este diario, dio carpetazo a la causa en noviembre del año pasado al considerar que la mandataria no mostró intención de entrar en España y, por tanto, no se produjo ninguna irregularidad.
El PP pide investigar el vínculo
No obstante, y tras ratificar el archivo la Audiencia Provincial de Madrid, dejó en manos del Tribunal Supremo el asunto relacionado con la destrucción de las cintas relativas a la estancia de Rodríguez en España y su reunión en Barajas con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ahora el Partido Popular vincula los hechos ocurridos entonces con el rescate de Plus Ultra y solicita a la magistrada que investigue la conexión que hubiera entre ambos extremos. Por ese motivo reclama en esta batería de diligencias que se facilite al juzgado de Plaza Castilla información de las empresas encargadas de la grabación así como un listado de todas las personas que los días 19 y 20 de enero prestaron servicios en la terminal en la que aterrizó el avión.
El Partido Popular considera que pudo existir un delito de malversación de caudales públicos en relación a la tramitación del expediente que dio luz verde a esta concesión. Aunque el Ejecutivo descarta irregularidades y sostiene que Plus Ultra es una compañía estratégica, la acusación responde que esta ayuda que salió de los fondos estatales reservados a empresas afectadas por la crisis del coronavirus es "irregular". Además tampoco descarta que estos hechos puedan ser constitutivos de otros delitos conexos como corrupción o contrabando. Según sostienen Plus Ultra está participada en un porcentaje muy elevado por empresarios de nacionalidad venezolana los cuáles, a su vez, mantendrían "estrechas relaciones" con Camilo Ibrahim, empresario venezolano de máxima confianza de Delcy Rodríguez y el gobierno de Nicolás Maduro.
"La irregular concesión por el Gobierno español de ayudas económicas a una empresa participada en su capital social por empresarios venezolanos vinculados a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la participación directa de algunos miembros del Gobierno bien podría guardar relación con la incomprensible vulneración de las restricciones de acceso o tránsito por la Unión Europea, así como el hecho anómalo y sospechoso de haberse permitido introducir a la nombrada vicepresidenta venezolana carros repletos de maletas, sin ningún control aduanero en España, con la muy extraña presencia y amparo del ministro Ábalos", reza el escrito. El Tribunal Supremo archivó la investigación contra Ábalos al apuntar que no hubo infracción penal en su actuación aunque sí concluyó que se incumplieron los acuerdos europeos al quedar acreditado que Rodríguez pisó suelo español.
